PP critica que Junta extienda la "política de caracolas" de colegios a justicia y apunta a Sanlúcar

  • El PP de Sevilla ha asegurado este lunes que quiere acabar con la "política de caracolas" del PSOE en la Junta de Andalucía, la cual ha lamentado que "se ha extendido ahora a la Justicia" de Sevilla "con la instalación de caracolas como el Juzgado de Instrucción número 5 de Sanlúcar la Mayor".
Los populares Luis Paniagua y Virginia Pérez, durante la rueda de prensa
Los populares Luis Paniagua y Virginia Pérez, durante la rueda de prensa
PP - Archivo
Los populares Luis Paniagua y Virginia Pérez, durante la rueda de prensa

Así se ha pronunciado la presidenta provincial del PP de Sevilla, Virginia Pérez, quien ha lamentado que estas son "unas instalaciones indignas" y que "rebajan al mínimo la calidad de un servicio público esencial para los sevillanos".

Según ha detallado en una nota de prensa, el recientemente inaugurado nuevo juzgado de instrucción de Sanlúcar está instalado en unas caracolas, lo que "ha provocado indignación en colectivos de jueces, fiscales y abogados".

A su juicio, "el modelo de juzgados en caracolas del PSOE es indigno y rebaja al mínimo la calidad de un servicio público esencial" y ha indicado que el PSOE, que ha gobernado durante 36 años en la región, sabía que el nuevo juzgado debía entrar en servicio el 30 de noviembre y las caracolas a las que se refiere son "el resultado de su gestión", como "ya ha ocurrido en los colegios sevillanos o con instalaciones prefabricadas en centros de salud".

La presidenta del PP regional ha alertado de "numerosos problemas a partir de este martes", cuando el juzgado instalado en las caracolas estará de guardia durante toda una semana, lo que conllevará el permanente trasiego de detenidos, abogados y profesionales de la Justicia. Afirma que estos "problemas son consecuencia directa de la política de parcheo de los socialistas y de reducción de recursos contemplados en los presupuestos".

Además, ha lamentado que "nadie del gobierno andaluz en funciones haya acudido a las caracolas de los juzgados" a interesarse por la situación ni a explicar las razones del "retraso" de las obras del edificio judicial que "debía estar funcionando".

Por último, ha aseverado que la situación de las sedes judiciales, "obsoletas y dispersas", junto a la sobrecarga de trabajo a la que se ven sometidos los profesionales de la Justicia, se traduce en "un servicio público deficiente" que "puede poner en peligro la verdadera naturaleza de la misma, ya que una justicia lenta no es justicia".

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