Aurelia Sánchez ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que en su Comunidad hay "un tejido social muy importante que gestiona servicios públicos" y por eso el Gobierno está desarrollando una ley del tercer sector social, de la que "ya tenemos un primer borrador de todo el articulado".

Según ha precisado, en él se incluye la figura del concierto social y ha venido a Aragón a recabar experiencias puesto que esta fue la primera Comunidad que lo legisló y está en vigor desde hace un año y medio.

Sánchez ha felicitado a su homóloga aragonesa por la puesta en marcha de una ley de concertación y su objetivo es que la ley castellano-manchega tenga "la mejor figura" de este tipo, una norma que le gustaría que estuviera aprobada esta legislatura, aunque "es cierto que vamos contrarreloj".

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha ha comentado que otra ley que pretende que se pueda aprobar esta legislatura es la ley de garantía de rentas y garantías ciudadanas, de cuyo articulado también se tiene un borrador.

Ha dicho que "es una ley muy integral, que permite que la persona no tengan que llamar a todas las puertas, sino que haya una ventanilla única donde se le puedan dar respuesta a todas sus necesidades", con el acceso al empleo como prioridad, y que también incluye "una garantía de renta" que permita "vivir con dignidad" y, si es preciso, el acceso a servicios como vivienda o comedores escolares.

BIENESTAR DE LAS PERSONAS

Aurelia Sánchez ha esgrimido que "trabajar en política social es pensar en los colectivos vulnerables y en las personas que lo han pasado mal en periodos de crisis" y ha remarcado que tanto su Gobierno, como el aragonés "estamos totalmente comprometidos con el bienestar de las personas", así como con las entidades y los profesionales "que trabajan para conseguir que la sociedad esté mejor".

Por su parte, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha dicho que la ley de concertación de Aragón ha sido "una de las que menos ha costó" hacer realidad.

Ha explicado que su aprobación "ha facilitado mucho las cosas y permite concertar con rapidez cuestiones a las que hay que dar respuesta inmediata", además de que "nos da la seguridad de que podemos trabajar de manera conjunta y con corresponsabilidad con entidades que trabajan en discapacidad, mayores, menores y atención temprana", entre otros ámbitos.

Ha añadido que Castilla-La Mancha ha venido a interesarse por la ley de concertación de servicios sociales y sanitarios, "que ha significado un antes y un después" en Aragón y que permite que el tercer sector "no tenga que pasar por la tramitación de la ley de contratos, que significa una carga burocrática importante y tener que competir con la empresa privada" de forma que "se tuviera en cuenta fundamentalmente el precio".

Esta ley ha favorecido "la estabilidad del sector", así como "que se pueda concertar durante más tiempo y dar mayor seguridad al sistema", ha esgrimido Broto.

Asimismo, ha precisado que desde Aragón se ha acudido a otras Comunidades a dar a conocer la ley, bien porque lo han pedido los Gobiernos autonómicos, bien porque lo han solicitado las propias entidades del tercer sector, una norma ha recibido un premio nacional de CERMI puesto que "era una demanda que ellos tenían tradicionalmente".

UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA

La consejera aragonesa ha sostenido que "trabajar en política sociales significa trabajar en el corazón de la política" para "lograr una sociedad más igual y más solidaria". Según ha glosado, junto con su homóloga castellano-manchega coinciden "plenamente" en los objetivos y también en ambos casos "nos encontramos unos servicios sociales desmantelados" porque los gobiernos a los que sucedieron "creían en otro modelo de sociedad".

En el caso de la ley de la dependencia, ha apuntado que Aragón era la Comunidad con menor número de personas con derecho atendidas, aunque en Castilla-La Mancha "ocurría algo parecido" y por eso ambas han hecho "un gran esfuerzo en mejorar la asistencia, poniendo en marcha todas las prestaciones", además de reclamar al Gobierno de España "mayor compromiso en la financiación y en el plan concertado de servicios sociales".

Por su parte, ha mostrado su interés por conocer el trabajo del Gobierno de Castilla-La Mancha en la ley de garantías de renta, "que trabajan conjuntamente con Podemos", después de que en Aragón haya una ley en el Parlamento autonómico que la formación morada no ha querido tramitar.

Broto ha dicho que no haber podido aprobar esta ley es una "espina que tengo en la gestión de los servicios sociales" ya que "hubiera supuesto mejorar la ley del Ingreso Aragonés de Inserción", una ayuda que "ahora reciben mensualmente 7.000 personas y beneficia a 18.000", si bien "nos hubiera gustado llegar a más" y también poder complementar las rentas del trabajo de quien no puede llegar a final de mes, a familias monoparentales y evitar la pobreza infantil.

"No puedo entender que en nuestra Comunidad, con un proyecto tan trabajado con las entidades y tan necesario", no se haya podido tramitar en las Cortes de Aragón, ha lamentado la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales.