"El voto se ha emitido y no se puede cambiar", ha evidenciado la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, ante la sorpresa que ha producido el resultado de la votación en el hemiciclo del que se había tenido que ausentar la procuradora Moreno, lo que ha dejado en minoría al PP con 41 votos frente a los 42 que ha sumado la oposición.

De hecho, el propio secretario del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, ha tomado la palabra desde su escaño para reconocer el error de su bancada ya que alguno de los procuradores ha olvidado que no tenía que votar en este punto concreto (5º del orden del día del Pleno) en cumplimiento de esa cortesía parlamentaria que se ha practicado a lo largo de toda la legislatura ante la ausencia de compañeros por causa de fuerza mayor como ha ocurrido este miércoles con Moreno, que sí ha había participado en anteriores votaciones.

De este modo, el Grupo Parlamentario Socialista ha logrado que se tome en consideración su proposición de ley de modificación de la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León que ha defendido Ana María Agudíez que ha apelado en todo momento a la necesidad de superar el concepto asistencialista que tiene, a su juicio, la norma aprobada en 2010 por un PP con mayoría absoluta para dotar a la Comunidad de una ley "inclusiva" que actúe preferentemente sobre las causas de los problemas sociales a través de un enfoque comunitario de las intervenciones sociales.

"Hay que evitar los tiempos de caridad", ha reivindicado la proponente que ha defendido una atención integral e interdisciplinar que considere el derecho subjetivo de las prestaciones esenciales a modo de cuarto pilar del Estado de Bienestar y a lo que ha sumado la necesidad de modificar el catálogo de servicios.

"No quiere decir no haya prestaciones pero no es suficiente. Hay que atender a las personas cuando lo necesitan y trabajar para prevenir la exclusión social de las familias", ha resumido la socialista que ha reclamado también más profesionales para los CEAS para que dejen de ser un "check-in" social donde se clasifica a los ciudadanos para dar una u otra ayuda.

Desde las filas populares, el único partido que había anunciado el voto en contra, la procuradora Mar González Pereda ha aclarado a la proponente que la propia naturaleza de las actuaciones genéricas que contempla la ley impide que las prestaciones esenciales sean consideradas como derechos subjetivos.

"Confunde actuación esencial con otorgar el carácter de prestación esencial", ha explicado González Pereda a Agudíez a la que ha recordado que la Junta trabaja de manera "ardua y dura" en actuaciones de prevención que son una "prioridad".

Del mismo modo, ha defendido el actual catálogo de prestaciones como "la piedra angular" de la Consejería de Familia para ordenar y calificar el conjunto de prestaciones de una forma "consensuada y participada" en lo que ha considerado un "giro radical" en el modelo de atención de los servicios sociales que, según ha defendido, no es una mera enumeración de recursos sino una "herramienta viva y dinámica" que incorporará prestaciones prioritarias y esenciales pactadas ya en el seno del Diálogo Social.

En representación del Grupo Ciudadanos, el procurador José Ignacio Delgado ha dado el visto bueno al cambio legislativo propuesto por Agudíez, una persona "creíble" y "trabajadora" a la que ha reconocido su propuesta "cabal" para poder implementar más medidas con una petición expresa a dotar de más medios a los CEAS.

Delgado ha hecho un llamamiento a la "humildad" del PP para mejorar el texto que aprobó en su día con mayoría absoluta en el objetivo último de integrar a las familias "de la mejor manera posible". "A veces se nos olvida pero hay que hablar de la dignidad de las personas, de las familias....", ha reivindicado para rechazar el reparto de caridad y la tutela por parte de los organismos públicos a los que ha exigido medidas de integración para garantizar "derechos fundamentales" con el deseo de poder avanzar la tramitación parlamentaria.

Desde el Grupo Podemos, la procuradora Laura Domínguez ha compartido también el objetivo de una iniciativa "sumamente interesante" para reforzar las políticas de prevención y actuar en la raíz de las situaciones a través de un servicio "moderno" frente a "la caridad de los salones burgueses del siglo XIX" de un PP "cómodo" con una atención "saturada y privatizada" agravada en sus "largo y largos años de gobierno", con una "dejación de funciones clara" por su falta de financiación a las entidades locales.

Por último, desde el Grupo Mixto, su portavoz, José Sarrión, de IU-Equo, ha apoyado la propuesta socialista ya que "aunque es mejorable" evidencia la "insuficiencia" de la actual ley y ha puesto sobre la mesa los datos del Informe sobre la pobreza de CCOO de 2017 según un 17,7 por ciento de la población de Castilla y León está en riesgo de pobreza.