Bartolomé Cursach sale del Juzgado con el abogado Fernando Mateas
Bartolomé Cursach (en el centro) sale del juzgado con el abogado Fernando Mateas.c Europa Press - Archivo

La Asociación de Medios de Información (AMI), que representa a más de ochenta medios de comunicación españoles, entre los que se encuentran la agencia Europa Press y Diario de Mallorca, muestra su más absoluto rechazo a los registros que han tenido lugar este martes en las sedes de ambos medios en Palma de Mallorca, y que se ha saldado con la incautación de documentación y material corporativo de la agencia y la negación del diario mallorquín a entregar ningún ordenador ni documentación.

La Asociación condena en un comunicado estos registros al entender que representan un grave ataque al derecho de información y a la independencia de los medios de comunicación frente a todo tipo de presiones. AMI recuerda a las autoridades policiales o judiciales que no pueden coaccionar a los profesionales de la información en el ejercicio de sus funciones, a los que les ampara el derecho de protección de sus fuentes.

Varios agentes de la Policía Nacional, acompañados de una secretaria judicial, se han personado en la delegación de Europa Press en Baleares con una orden de registro para exigir toda la documentación y enseres corporativos en el marco de la operación Cursach, que investiga el origen de una filtración periodística que destapó en su día en primicia la agencia de noticias. Los agentes han exigido a la periodista que cubre dicho caso que entregase su móvil y toda la documentación sobre la macrocausa, en la que también se investiga un delito de descubrimiento de secretos.

La redactora se ha acogido a su derecho profesional a no revelar las fuentes y los agentes le han negado contactar con los servicios jurídicos de la empresa, incurriendo así en un grave atropello contra los derechos constitucionales a la información y a la libertad de prensa, y al derecho de defensa.

Asimismo, agentes de la Policía Nacional se han presentado en las instalaciones de Diario de Mallorca con el propósito de requisar también el ordenador de trabajo y documentos del periodista que cubre la información sobre este caso. El periódico no ha hecho entrega de ningún material, amparándose en el secreto profesional y la libertad de información, por lo que los agentes han decidido marcharse.

A media mañana el Juzgado de Instrucción que instruye la causa a Cursach solicitó la comparecencia voluntaria al periodista de Diario de Mallorca que investiga este caso para, a continuación, requisarle su teléfono móvil.

Políticos y asociaciones

Por su parte, el sindicato y la asociación de periodistas de Baleares y varios políticos de las islas, entre ellos la presidenta del Govern, Francina Armengol, han criticado la confiscación de los teléfonos móviles de dos redactores de Europa Press y Diario de Mallorca.

"La libertad de expresión es uno de los pilares de nuestra sociedad", ha señalado en Twitter la presidenta autonómica, que no ha condenado expresamente la intervención de la Policía pero ha manifestado su "apoyo a los profesionales" afectados.

Armengol concluye su mensaje subrayando que "la información rigurosa y libre refuerza nuestra democracia".

La Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) y el Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares (SPIB) han emitido un comunicado conjunto en el que consideran la incautación de los teléfonos y los registros de redacciones, con retirada de ordenadores en el caso de Europa Press, "el mayor atentado contra la libertad de prensa de la historia democrática de Baleares".

Las dos organizaciones subrayan que el uso de estos métodos para tratar de desvelar la fuente de una información sobre el proceso judicial contra la corrupción conocido como caso Cursach es una vulneración del secreto profesional que ampara el ejercicio del periodismo.

Condenan además que a la redactora de Europa Press se le haya negado el derecho a la asistencia jurídica y expresan su apoyo a la negativa de Diario de Mallorca a entregar los ordenadores que se les requerían de forma voluntaria.

"Secreto profesional"

"El secreto profesional está amparado por el artículo 20 de la Constitución Española porque es imprescindible para proteger la identidad de la fuente en el ejercicio de la profesión periodística", enfatizan SPIB y APIB.
Las agrupaciones profesionales hacen un llamamiento "a las instituciones y a la sociedad civil balear a defender el derecho al ejercicio del periodismo".

También se ha pronunciado el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, quien se ha solidarizado con los periodistas que han visto vulnerados sus derechos profesionales, "pilares básicos en democracia" que ampara la Constitución.

"Estamos preocupados por esta situación y esperamos que se dé una respuesta pronto por parte de la autoridad judicial de lo que ha pasado", ha incidido Ferrà.

La Fiscalía del Estado ha confirmado su apoyo a la diligencia solicitada por la Policía para acceder a "los dispositivos de almacenamiento de información" de los periodistas en la investigación de presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

El ministerio público precisa que los periodistas no son objeto de la investigación y sostiene que la actuación está amparada en los artículos 573 y 575 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina que se podrá ordenar el acceso a documentos que puedan recoger "algún hecho o circunstancia importante de la causa".