Durante 16 años, los distintos Gobiernos del GIL derivaron de las arcas del Ayuntamiento de Marbella 653.7 millones de euros a las sociedades municipales "sin sujetarse a ningún tipo de control". Así recoge las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas tras fiscalizar el periodo de gestión comprendido entre 1990 y 2006.

La propia alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, dio la noticia a los medios de comunicación tras conocer el anteproyecto de informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, correspondiente a la última legislatura, concretamente desde 2002 a 2006 (hasta abril).

A su juicio, unas conclusiones "demoledoras para los intereses de la ciudad, un atentado claro en contra del patrimonio de Marbella y por tanto de cada uno de los ciudadanos".

Respecto a este último periodo, el organismo fiscalizador sostiene que el examen de los distintos informes ponen de manifiesto toda una serie de actuaciones dirigidas a "crear un sistema que facilitara la apropiación de fondos públicos caracterizada por la ausencia de una justificación racional de las obligaciones y de los pagos mediante un entramado societario".

En cuanto a la rúbrica de convenios, durante la era GIL se suscribieron al menos 650 acuerdos permuta y urbanísticos de los que 98, pertenecientes al periodo 2000- 2006, "tuvieron como objeto más habitual la recalificación urbanística de terrenos y la permuta de bienes inmuebles".

Asimismo, el vender por precios no ajustados al valor de mercado, ha causado que en las enajenaciones de parcelas y aprovechamientos urbanísticos fiscalizados se produjeran perjuicios a los intereses municipales de 189.8 millones de euros.

Para el Tribunal de Cuentas es más que palpable un desequilibrio financiero en las arcas municipales durante la última legislatura de 335 millones euros y un déficit de 2.669 euros por habitante.

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