El fallo declara "vigentes y ajustados totalmente al derecho" los decretos de 8 de noviembre de 2017, 15 de diciembre de 2017, 8 de enero de 2018, 11 de enero de 2018 y 21 de enero de 2018. Todos ellos son relativos a la reestructuración del Área de Intervención que inicialmente planteó el propio interventor, quien propuso al alcalde delegar las funciones de "fiscalización" en la viceinterventora y crear un área en la Intervención de "estudios y programas" que podría ocupar él mismo, como han explicado fuentes del Ayuntamiento.

El alcalde accedió a ello y el 8 de noviembre de 2017 firmó el decreto correspondiente que contenía en su integridad la propuesta del interventor. A partir de ahí, "se concatenan una serie de hechos y circunstancias que terminan en una denuncia del interventor municipal ante el Juzgado de lo Contencioso".

"Dicha demanda se resuelve, afirmando el Juzgado que todo se realizó con la más estricta legalidad", ha subrayado el Ayuntamiento. Primero, según han explicado, "porque fue el propio interventor quien realizó la propuesta y el alcalde lo autorizó; y en segundo lugar, porque cualquier reversión de la situación propuesta por el interventor inicialmente necesitaría también la autorización del alcalde como máximo responsable de todo el personal del Ayuntamiento".

El Juzgado ha declarado ajustada a derecho la reestructuración de la intervención propuesta por el propio demandante, dejando claro, además, que la misma encomendaba la asistencia a las mesas de contratación de la viceinterventora.

El interventor también denunció al alcalde, al teniente de alcalde, Miguel Ángel Viñas, y al secretario municipal ante el Juzgado de lo Penal, al serle solicitada por el segundo de ellos que se retirara de una mesa de contratación después de dos meses de inasistencia del interventor.

El alcalde enviará mañana miércoles al Juzgado de lo Penal, que aún no ha resuelto esta demanda, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso que declara legal y ajustado a derecho que el interventor no asistiera a las mesas de contratación, cuestión secundaria en el procedimiento contencioso, pero central en el procedimiento penal.

"En todo momento ha sido y es voluntad del alcalde la pacificación de todos los conflictos en el Ayuntamiento. También en este caso, en el que se ha obrado con ecuanimidad y coherencia", han subrayado desde el Ayuntamiento.

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