Desde el año 1989 Manuel Borrás, de 74 años, y Blasina Tapia, de 64, malviven con dos pensiones de 600 y 200 euros respectivamente, de los que más de 200 se destinan al pago del alquiler de una vivienda cuyo estado de abandono es evidente. En otro de los pisos habita una anciano de 89 años al que sus hijos mantienen al margen de la polémica «por su estado de salud».

En ambos casos, la nueva propiedad, los promotores hoteleros, rechazan admitir los subarriendos y contratos indefinidos que, como el del anciano, está en vigor desde el año 1950.

23 inquilinos ya no están

En los bajos del edificio se instalaron en 2006 una treintena de miembros del colectivo okupa Promoción de Vivienda Realmente Pública, cuando en el bloque aún había 25 familias, de las que 23, al carecer de contratos indefinidos, llegó a acuerdos para abandonar la vivienda.

Tal como mostraron ayer los inquillinos, la finca está sumida en un estado de deterioro, que ayer tuvo su culminación con el inicio de derribo de uno de los pisos superiores, lo que movilizó a vecinos e inquilinos afectados.

Todos aseguraron que estudian interponer demandas penales y pedir oficialmente el amparo del consistorio.