Así lo ha explicado el delegado de Plataforma per la Llengua País Valencià, Manuel Carceller, junto a dos personas que han vivido casos de "discriminación lingüística grave" en el contexto de la sanidad pública valenciana, Lorena Fababú y Maria José Domènech. El acto se ha celebrado frente al Centro de Especialidades Joan Llorenç, donde tuvo lugar el incidente que denuncia Fababú.

Carceller ha enumerado los ejes del "plan de choque" que plantea esta iniciativa al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez; y a los presidentes de la Comunitat, Cataluña, Aragón y Baleares, Ximo Puig, Quim Torra, Javier Lambán y Francina Armengol, respectivamente. Según ha defendido, la propuesta "se fundamenta en la Constitución y en el Estatut d'Autonomia. En su opinión, "si los gobiernos no actúan, son cómplices".

En primer lugar, 'Prou de valencianofòbia' reivindica "leyes que impidan la discriminación lingüística" mediante sanciones; también reclama "carteles visibles" en las dependencias públicas que "hablen del derecho de la ciudadanía a hablar en valenciano".

En tercer lugar, propone un "plan de prevención de la 'valencianofobia' para que "se hable a nivel administrativo" de dicha problemática, con programas de investigación y prevención. Finalmente, incide en una competencia lingüística "suficiente" en el seno de la administración pública, para que sus trabajadores cuenten con un "conocimiento básico" que "garantice el derecho" de los usuarios valencianohablantes.

SANIDAD, LA QUE MÁS INCIDENCIAS REGISTRA

Carceller ha denunciado que "hay una discriminación lingüística grave por el simple hecho de hablar valenciano", que se concreta en 159 casos "graves" dentro de la administración desde 2007, 53 de ellos en la Comunitat, según los datos de la ONG. De estos 53, diez fueron en el ámbito sanitario, que es la que más incidencias aglutina. Durante 2018, se han contabilizado 24 discriminaciones "graves", cinco en la Comunitat. Entienden por casos "graves" aquellos en los que haya "humillación, vejación, insultos o negación de servicio".

El delegado de Plataforma per la Llengua ha subrayado que los casos registrados por esta organización "no son una anécdota" sino "la punta del iceberg" porque no todas las personas acuden a denunciarlos. Ha defendido que "no se deben al desconocimiento del valenciano" y que se trata de una "discriminación ideológica".

Para dar testimonio de esta situación, Maria José Domènech ha explicado su experiencia personal, que tuvo lugar en Villanueva de Castellón (Valencia). "Cuando necesité asistencia por parte de una enfermera, me dijo que no le hablara en valenciano", ha denunciado. Ella contestó que "no sabía castellano". "Me negaba a hablarlo porque ella quisiera", ha señalado, antes de manifestar que se sintió "ofendida como paciente y persona". La enfermera se negó a prestarle el servicio.

Del mismo modo, Lorena Fababú ha relatado que acudió al centro de Joan Llorenç el pasado 28 de agosto porque estaba embarazada de 30 semanas y tenía una visita ginecológica. Según ha indicado, al saludar a la médico con un "'bon dia', esta le reclamó que le hablara en castellano porque dijo que no la entendía. Fababú le indicó que "no tenía problema en entender el castellano" pero que quería expresarse en valenciano. Al principio, la doctora pretendía cancelar la visita, pero finalmente se llevó a cabo, aunque la especialista "se negó a expresar nada más". Además, en el informe médico hizo constar que se comunicaba en valenciano.

En declaraciones a los medios, ha manifestado que el pasado viernes se encontró con la "sorpresa" de una citación judicial porque la doctora ha interpuesto una denuncia en su contra. "Nos hemos movido, con la plataforma y los medios de comunicación y supongo que esto ha sentado mal y nos pide 10.000 euros" alegando que ha sufrido "problemas psicológicos".

Sobre este caso, Carceller ha indicado que se ha registrado otro incidente "casi idéntico" con la misma doctora. La plataforma se ha puesto en contacto con la dirección del Joan Llorenç, la Conselleria, el Síndic de Greuges y la Oficina de Drets Lingüístics. Esta última, según ha explicado, ha emitido dos informes "avalando el derecho a expresarse en la lengua" y la "incorrección de estas personas". El centro "ha respondido creando un protocolo para que esto no vuelva a pasar", por el que los usuarios podrán ser atendidos por otro profesional. Una medida que ha calificado de "provisional".

El responsable de la plataforma ha hecho hincapié en lo "grave" de que esta situación ocurra en el ámbito sanitario, donde los profesionales tienen un "código ético" por el que "nunca por ideología pueden impedir atender a una persona". "No puede quedar impune, se debe sancionar", ha insistido.