Así lo ha indicado a Europa Press una de las vecinas liquidadoras de la Cooperativa La Azulejera, Nuria Cara, quien ha explicado que los informes legales del Ayuntamiento permitieron un reconocimiento de deuda para que pudieran recuperar unos 62.000 euros en concepto de penalizaciones, que les reingresaron a finales del año pasado a las 51 familias afectadas según lo que invirtió cada una.

"Nosotros no tuvimos la culpa de que no se llevara a cabo la construcción de estos pisos", ha indicado Nuria Cara, que ha detallado que el Ayuntamiento, en su resolución, no dio el visto bueno para la devolución de los gastos correspondientes a las licencias de obras de las dos fases -112.500 euros-, y a los avales -60.000 euros-.

Esta portavoz ha señalado que, pese a no haber recuperado todo lo que perdieron, no han "tenido que poner más dinero" si la cooperativa hubiera seguido el proceso de reclamación, al que también han renunciado a título particular las diferentes familias afectadas, todas ellas "muy humildes", y algunas actualmente en viviendas sociales, después de perder los préstamos que pidieron para este proyecto.

Cara ha indicado que, tras una lucha que se remonta a 2010, los vecinos observaron "muchísima más predisposición" por parte del actual equipo de gobierno, del PSOE, con cuyo alcalde, Francisco Cuenca, se reunieron, tras una "lucha de titanes" con el anterior, del PP, a la par que ha reconocido la "ayuda" del portavoz de IU, Francisco Puentedura, en este proceso.

TRÁMITE MUNICIPAL

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Granada aprobó en marzo de 2017 impulsar el trámite para materializar el abono de "la cantidad correspondiente a daños y perjuicios" que hubiera podido generar "el mal funcionamiento de la administración local" a la cooperativa de las familias afectadas por la promoción de La Azulejera.

Por otro lado, las áreas de Urbanismo y de Economía estudiaron cómo cumplir con la petición de estas familias para que les fuera devuelto el dinero que les fue retenido por unas viviendas que nunca se construyeron.

Se estudió "el margen de maniobra que las leyes dejan" para "la posible devolución de ciertas cantidades" que "fueron indebidamente cobradas", teniendo que "buscar" el Ayuntamiento "el mecanismo para suplir" ese "maltrato con las personas que componían la cooperativa", explicó entonces el portavoz del equipo de gobierno local, Baldomero Oliver.

En este caso, la Fiscalía archivó la investigación que había abierto por posibles irregularidades en la licitación pública de los terrenos de La Azulejera por parte de la extinta empresa municipal de vivienda y suelo, Emuvyssa.

La Fiscalía dio este paso a raíz de la denuncia interpuesta por la Cooperativa La Azulejera contra Emuvyssa alegando supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación de estos terrenos públicos a una mercantil, pero finalmente estimó que los vecinos aceptaron el procedimiento y todas las obligaciones que éste conllevaba.

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