La acusación de la Fiscalía de Málaga, que pide en total para todos más de 380 años de prisión. Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, seis de los procesados, junto con otro que está declarado en rebeldía, formaban parte de un primer núcleo o grupo de nacionalidad francesa y origen argelino que "se conocían y se venían dedicando en su país a diferentes actos delictivos".

Antes de instalarse en la costa malagueña, estuvieron en la zona de Tarragona. Dicho grupo mantuvo en España "una infraestructura en la que cada uno de ellos tenía asignadas funciones específicas dentro de una dinámica delictiva amplia", siendo Benaissa D., alias ´Poto´ y que se instaló en Marbella (Málaga), "la persona encargada de la dirección, planificación, determinación de objetivos y supervisión de las actividades, en las que participaban directamente", dice la Fiscalía.

Este contactó con otros dos acusados, de origen marroquí, a los que propuso que le dieran información sobre conocidos traficantes de su nacionalidad que vendieran grandes cantidades de hachís, ya que ambos estaban afincados en España y conocían el entorno. Asimismo, contó con la colaboración de un español, "que conocía las actividades por haberse conocido en la prisión de Lérida", para alquilar casas como "refugio".

Intento de secuestro y asesinato

El grupo intentó secuestrar a un marroquí en la barriada de Huelin, un segundo secuestro en Cartagena (Murcia), acabó con el fallecimiento del secuestrado por la paliza que le propinaron.

A consecuencia de las vigilancias policiales, se realizaron varios registros domiciliarios en las casas utilizadas por los acusados en las localidades malagueñas de Benalmádena, Casabermeja y Rincón de la Victoria y en la granadina de Motril, donde fueron intervenidas diversas cantidades de droga y detenidos varios de los acusados, aunque el principal y otros dos fueron arrestados en Los Barrios (Cádiz).

El fiscal acusa de los delitos de asociación ilícita, que achaca a todos; secuestro, receptación, asesinato, tenencia de armas corta y prohibida y tráfico de drogas, según los casos. El presunto cabecilla de la red es el que se enfrenta a la pena de prisión más alta, en concreto, 54 años, por los nueve delitos de los que se le acusa. Tres de los presuntos integrantes, no procesados, se encuentran en rebeldía.

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