Dos años. Ese es el tiempo que lleva de retraso la aprobación de la nueva ley de crédito inmobiliario, conocida de manera más simplificada como ley hipotecaria. Se trata de una transposición de la normativa europea, y ahora, con algún retoque, saldrá adelante primero en comisión –donde se debate mañana– y posteriormente en el pleno del Congreso.

Los grupos parlamentarios mantienen posiciones distintas, pero alaban el "alto grado de consenso" que se ha alcanzado.

Se acabó que la entidad bancaria pueda iniciar la ejecución hipotecaria a los tres meses. En la nueva norma se incluirá que esto solo pueda producirse a partir de 12 cuotas impagadas o el 3% del capital principal prestado en la primera mitad de la vida del préstamo, y se ampliará a 15 cuotas y el 7% en la segunda mitad. Esta parte de la ley contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto Unidos Podemos, que lo sigue considerando "una cláusula abusiva", en palabras del diputado Rafael Mayoral. "El texto no responde a las necesidades de los ciudadanos, es una ley que se centra en proteger a los bancos", sentenció.

En la Comisión de Economía del Congreso se ha decidido limitar la retroactividad de la ley. No será aplicable para los casos que están pendientes de recursos ante algún tribunal español o europeo.

En los demás casos, será retroactiva siempre que no se hubiera producido el vencimiento anticipado, independientemente de que exista en curso algún procedimiento de ejecución. "No será de aplicación a los contratos cuyo vencimiento anticipado se hubiera producido con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, se hubiese instado o no un procedimiento de ejecución hipotecaria para hacerlo efectivo y estuviera este supeditado o no", incide la Ley.

La ley contemplará también una comisión de amortización por reembolso anticipado mayor en el caso de los contratos a tipo fijo que en los de tipo variable, con el fin de dar más estabilidad al sistema financiero.

La nueva Ley bajará a la mitad las comisiones de amortización anticipada para hipotecas de tipo fijo (2 % durante los 10 primeros años y 1,5 % después), mientras que el cliente deberá elegir el tipo de amortización a tres o cinco años cuando su hipoteca sea a tipo variable (comisiones del 0,25 % o del 0,15 % respectivamente).

Y es que en el caso de los contratos hipotecarios con tipos fijo, la entidad financiera debe garantizar las coberturas de ese interés (que actualmente es más alto que el variable) así como la financiación a largo plazo. El PSOE, el PP y Ciudadanos están de acuerdo y abogan porque se fomente para evitar inseguridades a lo largo de la vida del préstamo hipotecario. En palabras del diputado socialista, Gonzalo Palacín, el texto que saldrá de la comisión "mejorará" al que entró de la mano del Gobierno de Rajoy en este sentido.

Según la nueva regulación el cliente, con préstamos anteriores a la Ley, podrá subrogar sin costes y libremente su hipoteca, y entre las entidades se establecerá un mecanismo de compensación basado en los intereses cobrados y los pendientes de cobro vinculados al coste por los gastos de constitución de la hipoteca.

La entidad no podrá cobrar comisiones por novación en el préstamo.

Otro de los puntos que tienen efecto directo sobre el cliente es el que refleja el reparto de los gastos. Esta parte se acordó a principios de noviembre y establece que los gastos notariales vinculados a la firma de la hipoteca sean pagados por la banca y que los de tasación sean abonados por el cliente. Además, los notarios realizarán, sin ningún coste, un cuestionario al prestatario para asegurarse de que entiende todas las cláusulas del contrato hipotecario. Unidos Podemos fue de nuevo el único grupo parlamentario que rechazó esta parte.

Antes de firmar la hipoteca, el consumidor deberá recibir con siete días naturales de antelación respecto a la fecha de firma del contrato hipotecario por parte del banco una ficha de información normalizada con las principales características del contrato y otra estandarizada con advertencias en la que se incluyen cláusulas sensibles. Es otra de las ventajas que consiguen los clientes en el marco de esta nueva norma.

La tasa por el impuesto de actos jurídicos documentados, según un decreto ley aprobado por el Gobierno de Sánchez, será pagada por el banco y no por el cliente.

El portavoz del PP en la Comisión Carlos Floriano ha lamentado que el AJD no se haya modificado para ser cero y para que los ingresos que reciben las CCAA por este tipo de gravamen sean compensados por la Administración General del Estado.

Al respecto ha avanzado que esta enmienda se incluirá en el trámite del Senado, donde el PP tiene mayoría, aunque luego vuelva a ser votada, y previsiblemente rechazada de nuevo por el Congreso.