La Federación de Servicios Públicos (FeSP) de UGT en Castilla y León ha acusado hoy a todos los grupos de arco parlamentario en las Cortes de "vulnerar el derecho a la negociación" por haber impulsado sendas proposiciones de ley para implantar la carrera profesional en la Administración autonómica, la última la presentada por el candidato a la Presidencia de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, sin dar participación a los sindicatos.

"El resumen es que han querido hacer todo para los empleados públicos pero sin los empleados públicos", ha censurado Tomás Pérez Urueña, secretario regional de Acción Sindical y coordinador de la Sección de Autonómica de la FeSP-UGT, quien añade que los representantes de los trabajadores de la Administración regional "son suficientemente adultos para negociar sus condiciones laborales".

El sindicalista, en declaraciones recogidas por Europa Press, duda de las buenas intenciones de la proposición anunciada por el dirigente del PP, pues en uno de sus artículos se condiciona la aplicación de la carrera profesional a una serie de condicionantes, al igual de lo ocurrido con las 35 horas, y no tiene palabras para la presentada por el resto de fuerzas parlamentarias ya que ésta tiene por destinatarios tan sólo al personal sanitario, incluidos veterinarios y farmacéuticos, con 2.000 beneficiarios únicamente.

Aunque la propuesta del PP extiende la carrera profesional de la que goza desde 2007 el personal estatutario-trabajadores de Sacyl-a todos los empleados de la Administración autonómica, cerca de 90.000, la FeSP-UGT insiste en que la redacción de su articulado plantea muchas incertidumbres para su aplicación, dado que la Junta pueda alegar que no se dan las condiciones económicas necesarias, y por ello exige la supresión del artículo 7 y, sobre todo, reclama una negociación directa con los sindicatos de la función pública.

Y es que Tomás Pérez Urueña subraya la importancia de consensuar con los sindicatos cuestiones tan importante como los requisitos para prosperar de grado en la carrera profesional, importe de los complementos, que oscilan entre 3.000 y 1.500 euros a mayores anualmente para el colectivo de médicos y el de enfermeros, respectivamente, además de la necesidad de modificar la Ley de la Función Pública y el convenio colectivo del personal laboral.

Además de la negociación con la parte afectada de una proposición de ley "que no contenga trampas", algo que, como así denuncia, no se ha dado ni en la proposición de ley del PP ni en la planteada con anterioridad por el resto de grupos con representación parlamentaria, la FeSP-UGT ha anunciado igualmente su pretensión de solicitar a las Cortes de Castilla y León que se dirijan al Gobierno central para que éste modifique la ley que regula las 35 horas.