Según ha informado este miércoles la Policía en una nota, las investigaciones se iniciaron tras la denuncia de una persona que aseguraba que había un establecimiento comercial en la capital andaluza donde se estaban vendiendo zapatillas deportivas que ya habían sido intervenidas en el año 2017.

Los agentes comprobaron la "veracidad" de los datos denunciados, es decir, que alguien se había apropiado y había introducido en el círculo mercantil "miles de zapatillas deportivas falsificadas", que un año

atrás habían sido intervenidas por la Policía y, a la vez, estaba desobedeciendo una orden judicial para su destrucción.

Esta tarea de destrucción fue encomendada a una empresa sevillana que poseía los elementos necesarios para tal fin, según detalla la Policía, cuyos agentes, mientras avanzaba la investigación, localizaron la sede de dicha compañía, ubicada en el polígono industrial Store.

Tras la correspondiente inspección del local, los agentes lograron localizar escondidas en la planta superior un total de 10.056 pares de zapatillas deportivas, la mayor parte de ellas en un zulo en la parte superior de la oficina, de difícil acceso.

La operación culminaba con la detención del responsable y gerente del establecimiento, acusado de los supuestos delitos de apropiación indebida del material que debía destruir, incumpliendo lo ordenado por la autoridad judicial; de estafa, al cobrar por la destrucción de los efectos y no haber procedido a la misma; y de supuestos delitos contra la propiedad industrial e intelectual, al haber puesto en los circuitos comerciales nuevamente los productos que infringían dichos derechos.

Desde la Policía destacan que estas operaciones policiales, realizadas por el Grupo de Delitos Tecnológicos y contra la Propiedad Industrial e Intelectual de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla, repercuten positivamente tanto en la actividad comercial de las empresas titulares de los derechos vulnerados, como en el consumidor final, así como en la Hacienda pública.

En ese sentido, desde la Policía subrayan que estos delitos contra la propiedad industrial ocasionan "un gran perjuicio a la economía y al empleo, tanto de los países donde se produce la fabricación de los productos originales, como la de aquellos países donde se realizan la venta de los productos falsificados, ya que sus autores se benefician del conocimiento que tiene los consumidores de las marcas o productos patentados, para copiarlos y venderlo a menor precio, sin realizar ningún gasto en el diseño y publicidad de los referidos

productos, ni garantizar la calidad de los mismos, lo que ocasiona cuantiosas pérdidas en diversos ámbitos".

En concreto, perjudica a las empresas titulares de los derechos registrados, ya que disminuyen sus ventas y deterioran su imagen, al comercio del lugar donde se venden dichos productos, ya que igualmente se produce una disminución de la venta de los originales, y a la Hacienda pública, al no existir el pago de ningún impuesto, según subraya la Policía.