El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, anunció ayer el lanzamiento de un plan de mejora de infraestructuras de Atención Primaria para el periodo 2020–2024, en el que se incluye la edificación de 11 ambulatorios y la reforma de otros 55.

Sin embargo, poco se sabe aún de este programa que acompaña al de hospitales, que, en todo caso, dependerá de la voluntad del gobierno que salga de las urnas el próximo mayo. La Consejería no determinó ayer su presupuesto ni cuándo se presentará. Tampoco, qué 11 centros son los comprometidos por Ruiz Escudero o en qué plazo se ejecutarían estas inversiones. 

En marzo, Sanidad avanzó que 11 nuevos ambulatorios, algunos tan reivindicados como prometidos, entrarían en funcionamiento el próximo bienio: tres en 2019 (Navalcarnero y los barrios madrileños de Las Tablas y Montecarmelo) y el resto en 2020 (Butarque en la capital, la Dehesa Vieja de San Sebastián, el PAU de Móstoles, Valdemoro, Parla Este, Barrio del Hospital en Fuenlabrada y Ensanche Sur y Parque Oeste en Alcorcón). Igualmente, se comprometió a modernizar una quincena de centros.

Entonces, la Comunidad advertía ya de que las obras durarían una media de 15 meses. Sin ofrecer el listado de nuevos ambulatorios, Sanidad niega que este plan encarne nuevo retraso alguno, porque los que Ruiz Escudero refirió ayer "son otros".

El borrador de presupuestos del año que viene solo prevé 17,2 millones para obras en infraestructuras de atención primaria, tanto de creación como de rehabilitación, incluidas partidas arrastradas de otros años. En 2016, de hecho, Cristina Cifuentes ya anunció construcciones que siguen pendientes, como el plan que en enero Telemadrid difundió con otra remesa con 19 propuestas.

Ayer, además, el PP le volvió a pasar la factura sanitaria al Gobierno central. Si hace unos días el presidente Ángel Garrido reclamaba a Pedro Sánchez seis millones extra por tratar a 30.000 ciudadanos de otras comunidades autónomas en los "centros de referencia" madrileños, ayer, el Ejecutivo regional amplió la cuantía total. Ahora, el consejero Ruiz Escudero cree que el Estado debe a la Comunidad 92 millones, al incluir los 86 que, calcula, costó la atención a 77.300 inmigrantes en situación irregular en 2017.

La reclamación, no obstante, es embrionaria si se tienen en cuenta los propios datos que explicó ayer el consejero en un desayuno informativo organizado por Europa Press. Según Ruiz Escudero y fuentes de su departamento, en lo que llevamos de 2018, ya se han superado los 84.000 sin papeles atendidos (entre los que hay 40.000 mujeres y niños), con lo que la cantidad será mayor. Además, el titular de Sanidad no precisó cuántos de ellos proceden de países comunitarios. Con todo, Ruiz Escudero anunció que a finales de año ofrecerán una radiografía de "cuál es la demanda de este tipo de pacientes" y el "coste" para determinar "hacia dónde va la generosidad" de los madrileños, ya que, advirtió, "Madrid es destino principal de estas personas".

Espoleado por la crisis, en 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy decretó la exclusión de la sanidad pública de este colectivo. Tres años después y al poco de ser investida, Cifuentes corrigió a su jefe de partido y ordenó, en sintonía con otras comunidades, dar cobertura a todos los pacientes "con o sin documentación". La reivindicación de esta factura llega ahora, en plena negociación autonómica y con el cambio de gobierno en Moncloa. Y, sobre todo, después de que los socialistas derogaran el pasado verano con el apoyo del Congreso de los Diputados aquel decreto de 2012.

Ruiz Escudero reclamó esta transferencia anual, que representaría alrededor de un punto porcentual sobre el gasto sanitario, según la comparativa con el total presupuestado. Lo hizo, avanzó, como respuesta a la "comunicación"efectuada en noviembre por parte del Ministerio en la que pedía a las autonomías que valoraran la situación. "No hemos detectado ningún problema en la aplicación del real decreto [el de la vuelta a la sanidad universal] porque es algo que ya hacíamos todas las comunidades autónomas", indicó ayer el consejero.

Sus declaraciones, no obstante, contrastan con las que él mismo pronunció en julio tras conocer la orden de la exministra Carmen Montón. Entonces, afirmó que el decreto abría una "autopista de cuatro carriles" para la llegada del turismo sanitario. Más allá del vaivén, fuentes de la Consejería explicaron a Europa Press que están emplazados a una reunión el próximo 13 de diciembre para conocer cómo se gestiona esta atención sanitaria y saber "cuáles son los criterios que se van a aplicar" en la autorización de los tratamientos. Así, reclamó claridad mientras se están cubriendo procesos "tan importantes" como "diálisis, oncológicos, de interrupción voluntaria del embarazo o por VIH".

Según los datos del responsable madrileño, la media de lo que se invierte en la salud de cada persona en situación de irregularidad alcanzó los 1.118 euros en 2017. No obstante, fuentes de Sanidad agregan que, en cualquier caso, tener o no papeles no es lo que determina este coste, sino la "complejidad de los procesos" que se realizan.