Así lo ha explicado el consejero de Presidencia del Ejecutivo autonómico, Vicente Guillén, en la rueda de presenta posterior al Consejo de Gobierno, donde ha señalado que "los ayuntamientos son una parte clave en la detección de estos problemas de vulnerabilidad social".

Además, ha dicho que el Gobierno de Aragón se compromete a dar "una respuesta inmediata y una tramitación urgente" a las situaciones de especial vulnerabilidad y de exclusión social puestas de manifiesto a través de los órganos jurisdiccionales en el marco de procedimientos judiciales.

Por eso motivo, ha añadido, el convenio se firma con el CGPJ y con la FACMP, para comentar que se quiere atender a las personas "sometidas a cualquier desahucio o que estén en riesgo de exclusión por no poder pagar créditos hipotecarios o alquileres por circunstancias sobrevenidas de desempleo y ausencia de actividad económica".

En este punto, ha comentado que el Plan de Gestión Social de la Vivienda puesto en marcha por el Gobierno de Aragón cuenta con seis programas entre los que ha destacado el destinado específicamente a crear una reserva de viviendas de alquiler social "lo que requiere la necesaria colaboración de las entidades locales y todos los sectores implicados" y otro que ahonda en los desahucios "para dar una respuesta eficaz a los ciudadanos deudores de buena fe".

El acuerdo ha sido aprobado a instancias de los consejeros de Presidencia, Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, y de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto.

Este convenio sustituirá al anterior en la misma materia suscrito el 3 de junio de 2013. En el seguimiento de su ejecución se ha comprobado que subsisten las causas que lo originaron y sigue intacta su función y finalidad.

Además, se ha comprobado la necesidad de una pronta reacción para abordar conjunta y coordinadamente medidas que den respuesta a la situaciones de vulnerabilidad que puedan detectarse en el curso de los procedimientos judiciales o por la Administración de Justicia en el desempeño de su labor.

ACUERDO

El acuerdo aprobado en Consejo de Gobierno pretende que agilizar la detección de los supuestos de especial vulnerabilidad y riesgo de exclusión social y su comunicación a los servicios sociales a fin de que éstos puedan realizar pronto la oportuna valoración de cada caso y determinar la inclusión o no de los afectados en los programas de vivienda social, en la medida de lo posible sin solución de continuidad a la fecha de lanzamiento.

Esta detección y comunicación temprana persigue mejorar la atención y protección de los ciudadanos y las familias afectadas tanto por ejecuciones hipotecarias como por desahucios arrendaticios si se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión.

Al mismo tiempo, la pronta reacción de todas las partes implicadas en la función social de este convenio también propiciará una pronta y por tanto más eficaz tutela del interés del acreedor, en la medida en que se evitarán suspensiones de lanzamientos y, por ende, la innecesaria prolongación del procedimiento de ejecución, han señalado desde el Ejecutivo autonómico.

Concretamente, la memoria en relación a este convenio prevé que la valoración del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) de que el afectado es un deudor de buena fe en situación de vulnerabilidad se comunique con al menos tres semanas de antelación para que estos casos puedan ser incluidos dentro de los programas de vivienda social.

Entre otros compromisos, el Consejo General del Poder Judicial también fomentará la colaboración y participación de los Colegios de Abogados y Procuradores y velará para que los servicios de orientación jurídica dispongan de folletos informativos y formularios para los ciudadanos que elaborará el Gobierno de Aragón.

A su vez, la FAMCP facilitará al CGPJ y a los juzgados del territorio toda la información de que disponga sobre la estructura, redes, organización, funcionamiento y recursos de los servicios sociales y programas de asistencia social de los ayuntamientos.

Las partes firmantes promoverán, igualmente, en el ámbito de sus respectivas competencias actividades formativas, informativas y de divulgación y colaborarán en la confección de un registro informático para el estudio estadístico de las intervenciones realizadas.

Este convenio será firmado por el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, en representación del Gobierno de Aragón, y no supone aportación económica con cargo a los Presupuestos de la Comunidad autónoma.