Han apuntado que las sentencias de un Estado de Derecho "las dictan los jueces", por lo que "acatar una sentencia supone respetar su contenido, aceptarlo y reconocer la autoridad de quienes la dictan", si bien "a la vista de los argumentarios expuestos el otro día por los señores Anguisola y Goyarrola, portavoces del colegio Gaztelueta, ellos ni acatan ni respetan, ni tampoco reconocen autoridad alguna".

Por ello, la familia del joven indica que la alarma social, producida por la

"incalificable respuesta y valoración que los responsables del colegio Gaztelueta hacen de una sentencia contundente, razonada e impecable, emanada de la Audiencia Provincial de Bizkaia, exige que una reacción firme no admita demoras, excusas ni vacilaciones a la hora de tomar las medidas precisas e ineludibles para censurar comportamientos que vulneran el Estatuto de la Víctima, (Ley 4/2015, de 27 de abril) y la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012".

"Las ofensas graves a una víctima suponen en nuestra sociedad un precedente de consecuencias incalculables no solo para ella en el caso concreto, sino para toda la generalidad, un colectivo especialmente vulnerable y que en vez de ser atacado con crueldad, debería ser protegido, ayudado y acompañado en sus terribles dramas personales", ha añadido la familia.

"ESPECTÁCULO PATÉTICO"

De hecho, han calificado de "patético" el "espectáculo desplegado por los responsables de la dirección del centro y por el presidente de la entidad Gaztelueta", y "nos preguntamos si el colegio, como obra corporativa del Opus Dei, habla con la autorización de esa Prelatura". "Entendemos que en caso de no surgir en los próximos días un comunicado oficial a través de la oficina de prensa del Opus Dei, avalan sin fisuras la postura del colegio, debido al concepto piramidal de la organización y a la condición de numerario del condenado, profesor de religión de colegio", han señalado.

Para la familia Cuatrecasas "es indecente y una ofensa más de las muchas lanzadas contra la víctima y su familia, así como contra los facultativos de parte y no de parte que han respaldado a la acusación a lo largo del proceso, contra los magistrados tanto de instrucción como de la Audiencia Provincial de Bizkaia y como no puede obviarse, también contra todas las víctimas de abusos y agresiones sexuales".

"Nuestro hijo, ha quedado demostrado, ni miente ni tiene "el problema" que de un modo vil y execrable sugirió Goyarrola. Los problemas los tiene el centro, su director, cuando inventan supuestos problemas en el prójimo, incluso reconociendo no ser expertos", han añadido.

De hecho, dice que los representantes del colegio "actúan mediante su argumentación, creyéndose situados por encima del bien y del mal, arrastrando por el suelo los principios y valores de los que tanto presumen, no estando en nuestra opinión capacitados para seguir al frente de ninguna institución que afecte a la integridad y al desarrollo de la personalidad de infantes y adolescentes, en suma que trate con menores de edad".

Ante ello, hacen un llamamiento a la Consejería de Educación del Gobierno Vasco para que tome cartas en el asunto, "exigiendo su cese inmediato y retirando cualquier tipo de subvención o ayuda pública a este centro escolar concertado mientras siga con tan hostil e imperdonable posicionamiento respecto a una víctima de acoso escolar, abusos y agresiones sexuales. En aras todo ello del reconocimiento y reparación de la víctima y por el propio bien de los menores que siguen en ese colegio".

La familia, tras escuchar a Goyarrola, ha llegado, según dicen a la "triste conclusión de que para el doctrinario del colegio la tolerancia cero contra los delitos de acoso escolar, abusos y agresiones sexuales a menores, es sinónimo de despreciar una sentencia con once años de condena a un pederasta, continuando con el maltrato cruel y la terrible y reprobable doble victimización de esta, su víctima de pederastia".

Para los Cuatrecasas, el director "olvida todas y cada una de las pruebas periféricas que añaden carga a la prueba, a los hechos probados". En todo momento "han usado una visión parcial que supone un pérfido homenaje a la media verdad y la doble mentira". "Demasiado tránsito para tan confuso y contradictorio afán de desacreditar a nuestro hijo", han lamentado.

En base a las "graves acusaciones lanzadas" por estos portavoces en los referidos comunicados, "esta familia y su equipo de abogados, se reservan el derecho a ejercer las pertinentes medidas judiciales", han indicado.

Finalmente, han señalado que 'Gaztelueta' "lejos de dignificar a la víctima con un reconocimiento en su debido tiempo, ha agrandado su problema", y ha demostrado "no creer ni en la justicia, ni en la verdad y mucho menos en la libertad". "Para su desgracia, con luz y taquígrafos, ha quedado demostrado. Aunque ellos aún no lo saben", finalizan.