La Ley de Autoridad Docente se está desarrollando "reglamentariamente" para que el profesorado pueda poner en práctica los importantes derechos que de ella se derivan.

Precisamente, el sindicato ANPE presentaba esta semana el informe del servicio del Defensor del Profesor del curso 2017/2018, y en el mismo se recogía un ligero aumento de los casos de acoso y agresiones a profesores, verbales y físicas, tanto por parte de alumnos como de padres (126 episodios).

En este sentido, lamentaba que se haya "deteriorado a la autoridad y exista una falta de respeto, también desde el ámbito familiar, hacia los docentes" y se reclamaba la aprobación de dicha Ley.

De esta forma, con objeto de que los docentes puedan dejar constancia escrita de aquellos hechos y situaciones donde sea necesario ejercer formalmente dicha autoridad, la Consejería de Educación ha impulsado todos los trámites necesarios para la publicación de los oportunos modelos oficiales, que estarán disponibles en todos los centros para su utilización.

El borrador de la norma, que tendrá rango de orden puesto que entra dentro de las competencias de la Consejera, ya ha pasado los trámites correspondientes a los distintos informes de los órganos competentes en la materia dentro de la Consejería de Educación, así como los de transparencia y participación ciudadana, con su exposición pública para recibir aportaciones de todos los agentes sociales y de la ciudadanía en general.

Finalmente, fue remitida al Consejo Jurídico Regional, último trámite para que, implementadas las observaciones de su preceptivo dictamen, sea aprobada por la consejera Adela Martínez-Cachá.

Una vez publicada la orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, se habrá habilitado en la práctica el cauce reglamentario para el ejercicio de la autoridad docente, en beneficio de la convivencia en los centros y del respeto y la consideración que merecen los que han decidido dedicar su vida profesional a la educación.