El mundo era muy distinto hace tiempo. Mucha mano de obra joven, mucho requerimiento de trabajadores, poca tecnología y un porcentaje bajo de ancianos con una pensión. En 1919, en España, el primer seguro obrero estimó que la edad adecuada para empezar a cobrar una pensión del Estado sin dañar al sistema público eran los 65 años. Esa es la edad a la que sobrevivía el 30% de la población. Un esquema que hoy se ha quedado obsoleto.

"Esos 65 años de antes son los 89 años de ahora", estima José Ignacio Conde-Ruiz, profesor de Economía de la Complutense, que ha participado este viernes en la segunda edición de la jornada 'Las pensiones de hoy, las pensiones del futuro' organizada en el Congreso la asociación de exparlamentarios en colaboración con Funcas e Ibercaja "El mundo que llega va a obligar a estar activo hasta edades más avanzadas", avanza este experto, que también es subdirector de Fedea.

"Evidentemente no significa que debamos jubilarnos a esa edad, es solo la cifra equivalente  en la actualidad que da medida del problema", interpela José Antonio Herce, profesor asociado de AFI y colega de Conde-Ruiz en la Complutense. "Los 65 años son una barrera tiránica, porque los vivimos ahora infinitamente mejor que un individuo de hace cien años. La longevidad es una noticia extraordinaria, pero hay que pagarla y no estamos reaccionando bien a ella".

Entonces, ¿hasta qué edad trabajar? ¿Y qué prestación debemos cobrar? Conde-Ruiz sabe que no hay respuestas fáciles en un país como España, que va a convertirse en el más envejecido de Europa debido a su alta esperanza de vida más allá de los 65 años ("unos 26 años más en 2050", apunta), a que tiene la segunda menor tasa de fecundidad de Europa (solo tras Portugal) y a una llegada de baby-boomers a la jubilación más tardía que en otros países.

Con esta perspectiva demográfica, las cuentas no salen. Si en 2018 hay cuatro españoles en edad de trabajar por cada persona en edad de jubilarse, la proporción en 2050 encogerá hasta 1,5 personas. En otras palabras, un trabajador tendrá que pagarle prácticamente toda la pensión a un jubilado dentro de tres décadas. "A nadie le gusta que le bajen las pensiones, pero nadie quiere que los futuros cotizantes no respeten el contrato que nos hemos dado", dice este experto.

Y el contrato actual dice lo siguiente: el sistema de pensiones de los españoles es de reparto (se cotiza para cubrir a los pensionistas actuales) y es contributivo (la cuantía depende de lo aportado). Mantenerlo con la evolución demográfica esperada es complicado. El PP intentó cambiar el ritmo en 2013, aprobando una reforma laboral sin consenso que desligaba el crecimiento de la pensión con el de los precios.... y hacía depender su revalorización de que el sistema fuese o no deficitario.

José Ignacio Conde-Ruiz (izq) y Jerónimo Nieto, en la II jornada sobre pensiones organizada por Funcas e Ibercaja (Η . Μ. G.)

"Ese sistema no tenía lógica, es injusto, ineficiente y tan pronto como regresase la inflación iba a lanzar las protestas a la calle por la pérdida de poder adquisitivo, tal y como ha sucedido en los últimos meses", dice Conde-Ruiz. El motivo se comprende rápido. Sin cambiar la estructura del sistema, los ingresos no volverán a superar nunca a los gastos. Y la prestación, por tanto, nunca se revalorizaría más del 0,25% que limita la ley. "Las pensiones se sostenibilizan a costa de la cuasi congelación".

El reto, dice, es encontrar otro mecanismo para que el sistema de pensiones sea "sostenible" y "económicamente eficiente". Dotar más ingresos a través de impuestos generales puede ayudar, según Conde-Ruiz, pero no puede ser la única solución. Así que repite la propuesta que ya formuló el año pasado ante el Pacto de Toledo: las cuentas nocionales. "Llevarían cuenta de todos los años cotizados, se verían como un ahorro (no como un impuesto) y permitirían una jubilación flexible". El nuevo sistema debería implantarse, además, junto a políticas de mejora de la fecundidad, medidas inmigratorias proactivas y un aumento de la productividad.

Los representantes políticos de la Comisión del Pacto del Toledo, también debatientes hoy en el Congreso, aseguran que el acuerdo para reformar las pensiones es inmediato y llegará antes de las próximas elecciones.

Pero a los expertos no les vale cualquier acuerdo. "Si se pospone lo ineludible con medidas coyunturales, sólo se logrará que cuando llegue sea de forma más dura e injusta. Y pasará como en Grecia, porque lo que no se puede pagar, no se puede pagar", avisa el subdirector de Fedea. "Yo jamás saldría a la calle a pedir que me suban la pensión y diciendo que lo hago por mis nietos... porque en realidad estaría pidiendo algo que va en su contra", añade Herce.

Los expertos piden a los políticos un gran Pacto Nacional para las pensiones, conscientes de que los "héroes individuales" acabarían pagando en las urnas cualquier propuesta ambiciosa de reforma. Pero la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, le quita hierro a las alarmas y considera que existe una "excesiva preocupación" con el futuro de las pensiones. "El sistema ha tenido crisis desde que se creó, siempre se ha transformado y se volverá a transformar", dice.

Villalobos acusa a "ciertos sectores" de estar vertiendo "desconfianza" en el sistema, pero lo cierto es que las pensiones preocupan y los informes de la OCDE, el FMI o Bruselas siempre inciden en ellas. "El sistema necesita reformas y no estamos hablando de pequeños desajustes", apunta Carlos Ocaña, director general de Funcas.

"El esquema actual es difícilmente sostenible", explica Rodrigo Galán, director del Grupo Financiero de Ibercaja. "Estamos obligados a efectuar reformas porque las pensiones son la clave de bóveda en el sistema. Este desafío no es nuevo ni es exclusivo de España, pero lo que hicieron Alemania o Reino Unido en décadas pasadas es el espejo donde mirarnos", señala Galán, que pide a la clase política "mesura y moderación" para alcanzar un consenso.