El abogado Santiago Palazón, quien representa a la exalcaldesa de La Muela (Zaragoza), en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Zaragoza contra nueve acusados por la presunta comisión de varios delitos económicos, ha solicitado este viernes la nulidad de las escuchas telefónicas realizadas por la Policía Nacional. Se han adherido varios abogados defensores.

En la primera sesión del segundo juicio contra Pinilla por este caso, después de que el Tribunal Supremo anulara el anterior, Santiago Palazón ha pedido que se devuelva el caso al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina para que realice las correcciones necesarias y pueda proseguir el procedimiento.

La sentencia, de septiembre de 2016, anulada por el TS en mayo del presente año condenaba a Pinilla a 17 años de prisión y al pago de multas por 9,9 millones de euros por delitos fiscales, de malversación, cohecho, blanqueo, tráfico de influencias, fraude de subvenciones, exacciones ilegales y prevaricación.

Como ha declarado ante los medios de comunicación, momentos antes de iniciarse la vista, y posteriormente a la Sala, el letrado de Pinilla se ha acogido a la doctrina de "los frutos del árbol envenenado", recogida por el Supremo en otra sentencia, para aseverar que las escuchas están viciadas de nulidad y solicitar la devolución de la instrucción al juzgado almuniense.

En su turno, Santiago Palazón se ha remitido a varias resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos para afirmar que "solo un juez puede someter a una persona al sacrificio de sus derechos fundamentales".

La finalidad de las escucha debe ser "exclusivamente probatoria" y en ningún caso "prospectiva", es decir, que no se deben realizar para investigar hechos no conocidos con anterioridad en una suerte de investigación "a futuro" y debe existir un límite temporal. Además, ha continuado Palazón, ha de aplicarse el criterio de "proporcionalidad", por lo que solo se pueden llevar a cabo en la investigación de delitos graves o con una gran repercusión social, lo que en su opinión no ocurre en el caso de Pinilla.

Asimismo, ha manifestado Palazón, esta medida debe afectar únicamente a personas indiciariamente implicadas en los hechos investigados "sin que pueda extenderse a otros que, de manera indirecta, estuvieran relacionados", de manera que "está prohibida la barquilla de cerezas".

Las escuchas, ha proseguido, han de basarse en indicios, no en "meras sospechas o conjeturas" y se deben valorar "en términos de racionalidad". A esto ha añadido que, en varias ocasiones, la autorización de las escuchas se ha realizado después de que concluya el plazo, de ahí su nulidad.

El letrado de la exalcaldesa de La Muela ha expuesto que las investigaciones parten de tres denuncias ante la Policía Nacional y la Fiscalía y que, inicialmente, la Policía comunica al juzgado que investiga el caso por los delitos de prevaricación y malversación, pero después el juez instructor incluyó otros delitos.

Ha opinado que un informe policial propone realizar una "investigación prospectiva", atribuyendo asimismo un "carácter prospectivo" a la instrucción, tras lo que ha insistido en que se deben investigar delitos concretos.

Por otra parte, Santiago Palazón ha considerado que también es motivo de nulidad parcial de las actuaciones el hecho de que su representada careciera de abogado en varias ocasiones, destacando que, en el juicio anterior, cuando comenzó la vista oral Pinilla carecía de defensa letrada.

PINILLA DECLARARÁ

Palazón ha comentado a los medios de comunicación que Pinilla "cree en la justicia, siempre lo ha hecho" y que "la Constitución dice que es inocente mientras las acusaciones no consigan demostrar lo contrario", recalcando que la exalcaldesa debe ofrecer su versión, "cosa que no se ha podido hacer".

El abogado ha expuesto que su defendida está acusada de cohecho, malversación, prevaricación y delito fiscal, lamentando que "hubo un apilamiento de cosas que no tienen nada que ver unas con otras" y que, actualmente, "estamos ante un queso de Gruyère donde no sabemos distinguir qué es sólido y qué está hueco".

A su llegada a la Audiencia, María Victoria Pinilla ha dejado claro que está "deseando" declarar y que también en el anterior juicio "quería declarar", indicando que no lo hizo porque el abogado le "había plantado".

"Lo estoy deseando siempre", ha insistido Pinilla, quien ha confiado en que Palazón le defienda "como merece cualquier persona a la que, presuntamente, le ha caído de todo".

RESUELTO

Por su parte, la fiscal, María Victoria Esponera, ha asegurado que el asunto de la supuesta nulidad "ya fue resuelto" porque con anterioridad los abogados de Antonio Fando y Fernando Barba solicitaron también la nulidad y el instructor lo desestimó en un auto fechado el 31 de julio de 2009.

De hecho, "en ningún escrito se hizo alusión a la nulidad de las escuchas", ha dicho Esponera, quien ha subrayado que el planteamiento de Palazón "es contradictorio con la posición mantenida en la anterior vista oral". La fiscal ha observado que la investigación policial no solo se basa en las escuchas, sino que también llevaron a cabo una indagación patrimonial.

Por este motivo, "no se ha vulnerado ningún tipo de derecho", ha aseverado la fiscal, quien ha aseverado que la solicitud del abogado de Pinilla "carece de fundamento" y se ha opuesto a la petición de nulidad de las escuchas. La representante de la Agencia Tributaria se ha adherido a la posición del Ministerio Fiscal.

Esponera ha enfatizado, por otra parte, que Pinilla ha tenido abogado de su elección y que "voluntariamente" no lo presentó a la Sala en el anterior juicio.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Ha asistido a la primera sesión de la vista oral el actual alcalde de La Muela, Adrián Tello, quien ha declarado a los medios de comunicación que la sentencia del Tribunal Supremo reconoció que se había causado un daño al Ayuntamiento valorado en 700.000 euros por la venta de dos parcelas en el Polígono Centrovía, lo que no admitió la sentencia primera de la Audiencia Provincial, y el Consistorio quiere ahora "defenderlo aquí para que la cuantía se vea incrementada y pueda volver a las arcas municipales".

Ha apuntado que la presunta responsabilidad civil recaía en María Victoria Pinilla y "todas las personas que estaban en la compra-venta de parcelas", que habían reconocido el delito, pero no el daño al ayuntamiento, que ha recuperado hasta ahora 450.000 euros por el asunto de una venta de terrenos, mientras que ha devuelto al Gobierno de Aragón casi 500.000 euros por unas subvenciones gastadas en actuaciones distintas de las autorizadas.

NUEVE ACUSADOS

En este juicio están acusados, además de Pinilla, Fernando Barba; Antonio Fando; Alberto Lozano; José Francisco Aramburu; Julián de Miguel; Juan Ignacio Unsain; Julio de Miguel; David de Miguel y, como responsables civiles, la empresa Nuevas Tecnologías del Agua, S.L., Aranade Proyectos de Inversiones y Construcciones Sagain.

Son parte acusadora el Ministerio Fiscal, la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento de La Muela, y es actor civil el Instituto Aragonés del Agua.