Todos los centros aragoneses tendrán que elaborar un plan de convivencia en las aulas en un plazo de dos años. Este es el punto principal del acuerdo firmado ayer por sindicatos, asociaciones de padres y estudiantes, representantes de la escuela pública y concertada y ayuntamientos para mejorar la convivencia en los colegios.

Los planes incorporarán un reglamento propio y acciones de tutoría especificados.

La Administración se ha comprometido a incrementar los recursos especializados en materia de orientación, tutoría y mediación educativa, sobre todo en los centros que, por tamaño o problemas socioculturales, más lo necesitan.

En el plazo más breve posible se elaborará un marco normativo autonómico sobre los derechos y deberes de los alumnos, en el que se tipificarán las conductas consideradas como faltas y las medidas correctoras para cada una de ellas que no serán sancionadoras, sino educativas. Además, será obligatorio informar a las familias de las actuaciones de indisciplina.

El acuerdo también establece la obligación de recibir formación permanente sobre resolución de conflictos, a la que asitirán tanto trabajadores, como alumnos y familias. En un plazo de un mes se creará una comisión de seguimiento para comprobar que los centros cumplen todas las medidas.

Protección para los profesores

Los sindicatos de profesores están muy satisfechos con la firma del acuerdo y con la obligación del Departamento de Educación de prestar asistencia jurídica a los profesores que sufran malos tratos, amenazas o vejaciones, aunque aseguran que los conflictos en las ulas aragonesas son «de baja intensidad».

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