La formación regionalista había presentado una querella contra Solana por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos en relación con un delito de malversación y otro sobre el patrimonio histórico, después de que la consejera solicitase al juzgado la suspensión de la orden de desalojo del Palacio de Rozalejo.

En su escrito, el Supremo entiende que "no se aprecia" la posible comisión de un delito de prevaricación ni de malversación. Tampoco un delito de omisión del deber de perseguir delitos ya que "de la querella no resulta que se haya cometido ninguno que debiera ser perseguido por la querellada". "Los hechos son conocidos tanto por los cuerpos policiales como por el Juzgado de Instrucción y no consta ninguna actuación de investigación penal sobre los mismos", ha remarcado.

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