Las directrices han sido elaboradas por un grupo creado para este fin, se ha sometido a participación pública a través del Portal de Gobierno Abierto y se ha enviado expresamente a los miembros del Consejo de Cooperación para el Desarrollo. Además, se ha remitido a la Administración General del Estado que lo ha incorporado al Plan de Acción inicial de España que presentó ante Naciones Unidas en julio de este año.

El documento presentado contiene un análisis de la situación en Castilla y León por cada uno de los 17 objetivos y metas que son de aplicación en la Comunidad, se fijan retos e indicadores para avanzar en la consecución de la Agenda desde la coherencia de políticas y se establece la consejería competente en su seguimiento y ejecución.

El texto incide en que se continuará con la necesaria coordinación con la Administración General del Estado a través de la relación con el Alto Comisionado para la Agenda 2030 y la participación en el Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 y con la Administración Local a través de la FRMP.

La finalidad es lograr un documento conocido por toda la sociedad y que permita avanzar en la consecución de la Agenda 2030 de manera coordinada y conjunta con el resto de administraciones y facilitando que toda la sociedad, en cada ámbito de actuación, se sume a su consecución.

Desde la Junta se pretende que se trate de un documento abierto, que pueda ajustarse a las necesidades que precise la coordinación con la Administración General del Estado, especialmente en lo que se refiere a los indicadores.

LA AGENDA 2030

Desde la aprobación de la Agenda 2030, en septiembre de 2015, la Junta de Castilla y León se ha comprometido con su implementación y determinó que, con carácter previo, era preciso abordar tres cuestiones fundamentales como son la organización interna, es decir, determinar cómo y desde qué órgano se impulsaría la aplicación de la Agenda; la formación para poder facilitar al personal técnico el conocimiento necesario para su aplicación y lograr una verdadera coherencia de políticas; y la información, difusión y sensibilización a toda la sociedad, con la finalidad de dar a conocer lo que supone la Agenda y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En cuanto a la organización interna, la Junta optó por la Consejería de la Presidencia como órgano para ejercer las funciones de coordinación, impulso y seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 y de su incorporación en todas las políticas públicas.

La formación es uno de los pilares fundamentales para lograr el éxito de la Agenda. Esta formación se ha dirigido a los empleados de la Administración de la Comunidad para la aplicación de la Agenda en las políticas públicas; a los docentes, para que puedan transmitirlo a los estudiantes; y también a las ONGD que han sido agentes clave y esenciales para difundir la Agenda en esta fase previa.

La información y la sensibilización pública es un primer paso necesario hacia un proceso participativo en la implementación de la Agenda 2030 para que los ciudadanos puedan apropiarse de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ello, se hace imprescindible trasladar a la ciudadanía los ODS como una agenda común, desde lo local a lo global, para lo que se han desarrollado diversas acciones de difusión de carácter general por parte de la Administración autonómica y también en colaboración con otras entidades de la sociedad civil.

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES

Durante esa etapa previa y de manera paralela, se han mantenido siempre una coordinación y un contacto con el resto de administraciones. En el caso de la Administración Local, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP). Con la Administración General del Estado, han sido diferentes los foros a través de los que se ha colaborado, como jornadas y seminarios organizados para el estudio y análisis de cómo abordarse la implementación de la Agenda en España, y fundamentalmente a través del Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 creado por el Gobierno de España.

El modelo de Castilla y León se ha dado a conocer en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados y en la Comisión del mismo nombre en el Senado. Igualmente, se ha expuesto en el foro organizado por REDS sobre la implementación de la Agenda 2030 en España.

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