Espiño, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha criticado la "nefasta" tramitación de la urgencia y emergencia de vivienda en Asturias. De hecho, ha apuntado que hay 250 viviendas vacías pendientes de reparar en Asturias, la única comunidad, según ella, donde más crecen los desahucios por alquiler,.

De hecho, ha apuntado que el Gobierno regional del PSOE va

a dejar el parque público más reducido que el que se encontró. Asimismo, ha indicado que no ayuda a la situación la desigualdad territorial, a lo que ha sostenido que el primer factor de riesgo para que te puedas quedar en la calle puede depender del municipio donde vivas.

Ha reprochado, además, que el decreto de vivienda de emergencia adolece de "muchos errores". Entre otras cosas, ha indicado que no se cumple y se "malinterpreta" al dejar fuera a familias que sufren desahucio de alquiler. Es más, ha considerado que el Gobierno regional fomenta el "sinhogarismo", y ha alertado sobre el incremento de infraviviendas, como pueda ser trasteros, y el importante impacto de género de las políticas de vivienda.

Puente, por su lado,

ha incidido en que lo único que fomenta Principado y Ayuntamiento es la política del "sinhogarismo". A su juicio, se sigue sin tener una política que garantice a las personas tener un hogar.

Ha puesto el ejemplo de una mujer, con dos hijos a cargo, que le fue imposible afrontar el pago del alquiler. Y si bien estuvo temporalmente acogida en una vivienda, lleva tiempo ahora en un dispositivo para personas sin hogar, pero con fecha de salida. Esta solicitó vivienda de emergencia y el Principado la denegó al no ver causa para ella.

La edil de XsP, por todo ello, ha insistido en que solo se está poniendo un "mero parche" a los problemas de vivienda. A esto ha sumado que se denieguen viviendas, según ella, pese a tener posibilidad de ellas o por motivos que no son justificados.

Ha señalado, además, que en 2009, de once solicitudes de vivienda de emergencia en Gijón,

diez fueron adjudicadas y una denegada, mientras que en 2011, de 15, se entregaron once (73 %), en 2014, de ocho solo dos (25 %), en 2015, de 83 se adjudicaron 18 (21,68 %) y en 2017 el porcentaje bajó a un 63,49 por ciento de adjudicaciones.