Policarpo Sánchez junto a Hermann Tertsch, 29-11-18
Policarpo Sánchez junto a Hermann Tertsch, 29-11-18 EUROPA PRESS

Estas 110.000 firmas, recopiladas a través de plataformas digitales como Change.org o CitizenGo, constituyen la parte "social" de un triple frente que incluye actuaciones en el ámbito "político y judicial" para preservar la unidad del archivo salmantino ante el intento de los "separatistas catalanes" de "socavar la unidad de España y manipular la historia de la nación a su conveniencia para justificar después una declaración de independencia".

Así lo ha señalado el presidente de la asociación, Policarpo Sánchez, quien ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha recordado el incumplimiento por parte del Gobierno de España del fallo del Tribunal Supremo que "ordena la devolución los papeles retenidos ilegalmente por la Generalitat", algo que corresponde al Ejecutivo central y no al autonómico "por ser él quien dispuso la salida de los documentos de Salamanca".

Asimismo, ha aclarado que muchos de los papeles que obran en poder de la Administración catalana "no se pueden entregar a sus legítimos dueños por tratarse de organizaciones que ya no existen", o bien corresponden a familias "de Valencia, Murcia, Castilla y León, Madrid, Asturias y Aragón", por lo que "no pueden estar en manos de la Generalitat".

Por otro lado, ha recordado que la Justicia "ya dio por cumplida" la Ley de Memoria Histórica" con los papeles entregados a Cataluña en una primera fase, por lo que ha asegurado que las nuevas entregas "no tienen encaje legal" y ha cargado contra las palabras del ministro de Cultura y Deporte, José Guirau, por responder a una pregunta del PNV en la comisión del Senado que "estaría dispuesto a modificar la norma para permitir la salida de más documentos".

Precisamente, Policarpo Sánchez ha indicado que las últimas 24.000 firmas de las 110.000 obtenidas se recogieron en los ocho días posteriores a esta declaración. El presidente de Salvar el Archivo ha atribuido las palabras de Guirau a un "desconocimiento" de la situación, pero le ha advertido de que "no hay posibilidad de entregar nuevos documentos sin infringir la ley".

"FRAUDE DE LEY"

A este respecto, ha indicado que este viernes a las 12.00 horas se reunirá con la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez, para que le transmita todo esto a Guirau y le advierta del "fraude de ley" que se ha producido.

El presidente de la asociación ha estado acompañado en su comparecencia ante los medios por el periodista Hermann Tertsch, quien ha abogado por un cambio legal, pero "no para permitir nuevas salidas", sino para que se restaure "la unidad del archivo", que ha considerado una suerte de metáfora "de la unidad de España".

Las firmas van acompañadas de una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le piden "que no agrave el problema" para "contentar a los independentistas de los que depende la permanencia de su Ejecutivo".

Por otro lado, Policarpo Sánchez se ha referido al "frente político" que, junto con el social, ha abierto su asociación para evitar la salida de nuevos documentos y exigir la devolución de los ya extraídos indebidamente.

En este sentido, ha recordado que el pasado 29 de octubre la Mesa del Senado admitió a trámite una iniciativa en esta línea para su debate por la Cámara Alta, a la que se sumó el 9 de noviembre la aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento de Salamanca de otra similar a pesar del voto en contra del PSOE, que, sin embargo, "sí apoyó otra en los mismos términos en 2015".

Sobre este punto, Hermann Tertsch ha defendido que en el Partido Socialista "hay muchísimos leales a la Constitución que no están de acuerdo con la liquidación de España" y ha mostrado su esperanza para que "en algún momento vuelvan a la defensa" de la Carta Magna.

También en las Cortes de Castilla y León se promoverán iniciativas para la protección del archivo, a fin de lo cual el lunes iniciarán contactos con los grupos parlamentarios.

FRENTE JUDICIAL

En cuanto al "frente judicial", Policarpo Sánchez ha anunciado que el próximo 11 de diciembre iniciarán "acciones legales" contra el ministro de Cultura y Deporte en caso de no atender sus peticiones, así contra los responsables de Cultura de la Generalitat de Cataluña entre los años 2010 y 2015 por posibles delitos de alzamiento de bienes, tráfico de influencias o prevaricación al "firmar las resoluciones y recibir documentos a sabiendas de que no eran suyos".

Por su parte, Hermann Tertsch ha advertido del riesgo de "destrucción" de muchos de esos documentos en manos de la Generalitat porque "demuestran que la Historia que enseñan muchas comunidades autónomas, no sólo en Cataluña y País Vasco, es falsa", algo que ha tildado de "crimen gravísimo".

Al hilo de esto, Policarpo Sánchez se ha referido a ese peligro de desaparición de información ya que "en muchos casos no se cumplió con la orden ministerial" que establecía la digitalización de los documentos antes de su saluda del Archivo o se hizo "sólo de forma parcial".

Frente a esta situación, Tertsch ha augurado "éxito" a esta "cruzada" gracias a "nuevos movimientos en España de resistencia al disparate".

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