Así lo notifica en un escrito fechado el 26 de noviembre y consultado por Europa Press, que la Fiscalía ha remitido a Izquierda Unida, el primer partido que denunció ante este órgano las presuntas irregularidades en contratos del Servicio Cántabro de Salud, al que luego se sumó el PP.

Tanto el PP como IU veían indicios de presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y usurpación de funciones.

Y ello por "adjudicaciones a dedo mediante el uso fraudulento" de la contratación menor; la recepción y pago de obras sin terminar y de suministros sin haber sido entregados; el "desembarco" de asesores externos que "intervienen e interfieren" en los procesos de contratación; y la elaboración de informes "a la carta" para "dirigir" las adjudicaciones.

Ambos partidos presentaron sus denuncias a principios de mayo, poco después de que se hiciera público el correo electrónico que la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, remitió a la consejera de Sanidad, Luisa Real, meses antes, en concreto el 8 de febrero, denunciando irregularidades en su departamento.

DIMISIONES E INFORMES

El caso provocó la dimisión del gerente del SCS, Julián Pérez Gil, y el subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras, Francisco Javier González Gómez.

La oposición en bloque pidió reiteradamente la dimisión de la consejera de Sanidad, y ante la negativa de la socialista, exigió su cese al presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, que tampoco accedió a las pretensiones del PP, Podemos y Ciudadanos, pese al mandato del Parlamento aprobado en forma de resolución en el Debate sobre el Estado de la Región de junio.

El expediente informativo que abrió el Gobierno PRC-PSOE concluyó con un informe final que señala que pudo haber fraccionamiento "indebido" de contratos en varias adjudicaciones del SCS. La consejera de Sanidad replicó entonces que un fraccionamiento de contratos "no siempre es constitutivo de delito y mucho menos de corrupción" y que el informe no habla de "adjudicación irregular para aprovechamiento de terceros".

El Gobierno concluyó que el informe interno no detecta "ningún ilícito penal", aunque sí "incidencias contractuales", por lo que decidió remitirlo a la asesoría jurídica y a la Intervención General, que a su vez remitió su informe a la Fiscalía.

Ya en septiembre, el Pleno del Parlamento aprobó investigar las irregularidades contractuales en el SCS en esta legislatura y también en la anterior del PP, pero desde entonces no se ha dado ningún paso en esa dirección.

FRACCIONAMIENTO

El informe que puso fin al expediente informativo señalaba que podría haberse incurrido en un fraccionamiento "indebido" de contratos que se adjudicaron a tres empresas con "indicios de vinculación entre las mismas" pese a ser una unidad operativa o funcional.

Se trata de las empresas Gardenor, Iralia y Serincopsa, a las que se adjudicaron obras de ampliación del Hospital Virtual de Valdecilla y también el pintado de varios centros de salud, y que según denunció el PP tienen entre sus administradores al hijo de un alcalde socialista, el de Suances. El informe señala que el encargado o jefe de obras y la empresa de contacto fueron en todo momento la misma en los tres casos.

Por otro lado, el informe constata varios ejemplos de obras que se recepcionaron antes de estar terminadas, en el caso del centro de salud El Alisal antes incluso de que empezaran, si bien se precisa que las obras "se encuentran ejecutadas atendiendo a los pliegos existentes y conforme a las previsiones facultativas y de seguimiento técnico efectuadas, así como ajustadas al uso y finalidad previstos".

Lo mismo ocurre en el caso de recepción de equipamientos en los

que si bien se ha constatado el efectivo suministro de los mismos, se utiliza un acta de comprobación de la inversión "ante el inminente cierre del ejercicio presupuestarios, para no perder el importe de la inversión adjudicada", un procedimiento que "no se adecúa a la normativa de contratación".

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