Así lo notifica en un escrito fechado el 26 de noviembre y consultado por Europa Press, que la Fiscalía ha remitido a Izquierda Unida, el primer partido que denunció ante este órgano las presuntas irregularidades en contratos del Servicio Cántabro de Salud, al que luego se sumó el PP.

Tanto el PP como IU veían indicios de presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y usurpación de funciones.

Y ello por "adjudicaciones a dedo mediante el uso fraudulento" de la contratación menor; la recepción y pago de obras sin terminar y de suministros sin haber sido entregados; el "desembarco" de asesores externos que "intervienen e interfieren" en los procesos de contratación; y la elaboración de informes "a la carta" para "dirigir" las adjudicaciones.

Ambos partidos presentaron sus denuncias a principios de mayo, poco después de que se hiciera pública el correo electrónico que la jefa de Contratación del SCS remitió a la consejera de Sanidad, Luisa Real, meses antes, en concreto el 8 de febrero, denunciando irregularidades en su departamento.

El caso provocó la dimisión del gerente del SCS, Julián Pérez Gil, y el subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras, Francisco Javier González Gómez.

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