Portada del informe de SOS Racismo 2018.
Portada del informe de SOS Racismo 2018. SOS RACISMO

SOS Racismo ha denunciado la "normalización" de las identificaciones por perfil étnico en el Estado español y en la frontera con Francia, así como las devoluciones de migrantes "ilegales" en ésta, con un total de 9.038 en los primeros nueve meses del año. El informe 2018 sobre el Racismo en el Estado español de esta Organización contabiliza 349 denuncias de discriminación por cuestiones de etnia.

En rueda de prensa en Irun, el secretario general de la Federación SOS Racismo, Mikel Mazkiaran, y la coordinadora de SOS Racismo Catalunya, Alba Cuevas, han dado cuenta del citado informe que se publicará en su integridad en los próximos días en la página web de la Federación.

En el documento se recogen 349 denuncias de actos racistas en todo el Estado a lo largo del presente ejercicio, de las que "la mayor parte tienen que ver con el conflictos y agresiones racistas, racismo institucional, siguiéndoles a cierta distancia el resto de tipologías".

Entre ellas, se cita "problemas con la seguridad pública, denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos, discriminación laboral, denegación de acceso a servicios privados, problemas relacionados con agentes de la seguridad privada o casos relacionados con la extrema derecha o el discurso del odio".

Según ha explicado el secretario general de SOS Racismo, "más allá de las cifras", este informe ofrece "una fotografía de una realidad que debemos poner encima de la mesa para abordar soluciones que eviten, no sólo los insultos, agresiones o conflictos vecinales que sufren estas personas, sino también el deterioro en la convivencia en nuestras localidades".

Además, ha advertido de que, "ciertos actos racistas que, en los últimos años, sufren las personas día a día comienzan a verse como algo cotidiano que no merece la pena denunciar", a lo que ha añadido que "la mayoría de casos de discriminación siguen permaneciendo ocultos, bien porque se sigue normalizando, bien por el desconocimiento de las víctimas".

En este contexto, ha incidido en la "necesidad de generar mecanismos que trabajen para el reconocimiento y reparación de las víctimas de este tipo de delito", ya que, a su juicio, "esto permitiría generar consensos sociales no sólo para la lucha contra el racismo y la xenofobia en nuestro país, sino también para mejorar la convivencia en nuestro entorno".

Asimismo, ha reiterado "la necesidad de seguir avanzando en el tratamiento de la discriminación, atendiendo de manera integral a las víctimas buscando una reparación de los actos que sufren".

FRONTERA CON FRANCIA

Por otra parte, los representantes de SOS Racismo han indicado que este informe también sirve para "visibilizar la práctica de las identificaciones por perfil étnico en la frontera hispanofrancesa, en la medida que se está constando que sólo las personas racializadas soportan controles de identificación en estos puntos".

Según han indicado, en los primeros nueve meses de 2018 se han registrado 9.038 devoluciones de personas migrantes en la frontera, frente las 9.175 de todo 2017. A ello han añadido que de esas devoluciones, unas 7.000 mil figuran "fuera de los procedimientos oficiales" acordados entre España y Francia, por lo que son "ilegales", pese a constituir una "práctica diaria" en la frontera con Francia en Irun.

Al respecto, han incidido en que esta práctica constituye un tipo de "racismo institucional", que "vulnera el derecho nacional e internacional" y, por tanto, debe de ser "erradicada de forma inmediata".

Cuevas ha incidido en que las identificaciones por perfil étnico, en las que un grupo de personas "soporta un número de identificaciones policiales fuera de cualquier lógica", se están "normalizando" y están "creciendo con el paso del tiempo", por lo que SOS Racismo trabaja para ponerle fin, a lo que ha añadido que estas prácticas "estigmatizan socialmente a estas personas", en la medida que la población "las ve como un potencial peligro".

PROPUESTAS

En cuanto a las propuestas que SOS Racismo hace para hacer frente al racismo y la xenofobia en el Estado, además de "la Ley Integral contra la discriminación y las medidas prácticas y legislativas de protección y reparación de las víctimas", Cuevas y Mazkiaran han reclamado medidas que eviten la "banalización de los delitos de odio", de forma que sean tratados "como delitos dirigidos a los colectivos vulnerables".

Finalmente, han pedido que, en lugar de las identificaciones por perfil étnico y las 'devoluciones en caliente', se pongan en marcha en la frontera "medidas de protección a los colectivos más vulnerables como víctimas de trata, menores no acompañados o potenciales demandantes de protección internacional".

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