Juicio 'Caso de Miguel'
Juicio 'Caso de Miguel' Europa Press - Archivo

La defensa del Gobierno Vasco considera "acreditado" que el exdirector de Juventud del Ejecutivo, Xabier Sánchez Robles, uno de los acusados por la presunta trama de corrupción investigada en el 'caso De Miguel', incurrió en un delito de malversación por adjudicaciones irregulares de contratos públicos, motivo por el que le solicita, junto a otras cinco de las personas procesadas, la devolución de 146.230 euros por el quebranto causado a la Administración autonómica.

El abogado Javier Otaola, que representa al Gobierno autonómico, ha presentado este miércoles su informe de conclusiones definitivo ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Álava que juzga este caso, centrado en una presunta trama de corrupción vinculada a varios excargos del PNV.

Otaola, que ejerce la acusación del Gobierno Vasco por la vía civil, ha rebajado a 146.230 euros, casi 80.000 euros menos que la suma que solicitaba inicialmente, el dinero que reclama a Sánchez Robles, Iñaki De Miguel -el presunto cabecilla de la trama-, Koldo Ochandiano, Iñaki San Juan, Josu Montes y Aitor Telleria, por contratos adjudicados para la realización de trabajos que finalmente "no se realizaron".

"TRISTEZA"

El letrado del Ejecutivo autonómico ha iniciado su intervención reconociendo la "tristeza" que le produce el hecho de que, después de 30 años de ejercicio, haya tenido que "acusar" por primera vez a un director del Gobierno Vasco, aunque esta acusación no se efectúe de forma "directa", sino a través de la acción civil.

Otaola ha explicado que su calificación está "vinculada" a la calificación de la Fiscalía, a la que ha mostrado su "adhesión", al menos en lo que se refiere a determinados acusados. "Entendemos que ha habido malversación por parte de Sánchez Robles con los demás acusados como colaboradores necesarios o inductores", ha manifestado.

El Ministerio Público solicita para el exdirector de Juventud del Gobierno Vasco ocho años de prisión por delitos de asociación ilícita, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias. Estos delitos estarían relacionados con la concesión irregular de contratos públicos, en el periodo comprendido entre 2006 y 2009, a empresas vinculadas a la trama 'De Miguel'.

EL VICECONSEJERO, "EXCLUIDO"

Otaola, que en un principio también dirigía su acusación contra el exviceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga, superior jerárquico de Sánchez Robles, ha excluido a este antiguo cargo de su escrito de calificación definitivo.

De esa forma, en este caso se desmarcado de la calificación de la Fiscalía en lo que se refiere Larrañaga, para el que el Ministerio Público pide una inhabilitación para empleo o cargo público por un periodo de diez años, al estimar que incurrió en un delito de prevaricación continuada.

El letrado del Gobierno Vasco considera que el viceconsejero debe estar "excluido" de toda acusación, puesto que fue "una víctima más del abuso de confianza" por parte de Sánchez Robles, sobre el que ha afirmado que "se valió de su facultad de proponer y controlar contratos" para lograr sus "propósitos". "Al señor Larrañaga se le podrá reprochar desidia, falta de cuidado; pero no elementos que le vinculen con la comisión de la malversación", ha afirmado.

También modifica sus conclusiones respecto a las esposas de los "responsables directos" de la presunta malversación, a las que inicialmente consideraba beneficiarias a título lucrativo de la actividad de la trama, una calificación que ahora retira al considerar que "no tiene sentido" mantenerla dado el desarrollo de la vista oral.

"CÁRTE" Y "RELACIONES AMISTOSAS"

Otaola considera "acreditado" que en este caso existió "una red de relaciones amistosas, con origen en un cocimimiento personal en el ámbito político, que están

en el fondo de la dinámica de comisión de este delito", en referencia a la malversación.

El representante legal del Gobierno solicita para Sánchez Robles, Iñaki De Miguel, Koldo Ochandiano, Iñaki San Juan, Josu Montes, Aitor Telleria el pago de 146.230,80 euros en concepto de devolución del dinero cobrado indebidamente. Esta petición se realiza a título subsidiario respecto a la de la Fiscalía, que en su acusación penal reclama esta misma suma.

Otaola solicita que esta cantidad sea abonada de forma "solidaria" entre los seis acusados a los que considera "malversadores o colaboradores" de la malversación, al estimar que cobraron este dinero "indebidamente" a través de

contratos adjudicados por el Gobierno Vasco a las empresas Kataia, Ortzimuga y Errexal para la realización de trabajos que "no se realizaron".

A su juicio, las citadas empresas, presuntamente empleadas para canalizar ingresos los ilícitos de la trama, constituían un "cártel", al menos desde un punto de vista "técnico", puesto que "actuaban coordinadamente, en un mismo nicho de mercado, valiéndose de los vínculos de relación" de los supuestos miembros de la red corrupta.

PRUEBAS "EXTRAÑAS"

Además, ha cuestionado el valor probatorio de las "carátulas" aportadas en su día por parte de las defensas de algunos acusados, con el fin de acreditar que sí se efectuaron los trabajos contratados. Otaola ha subrayado que esos documentos fueron aportados "de forma extraña, en el último momento, sin sello de registro y por un funcionario que no se identifica".

Además, ha recordado que cuando la Fiscalía propuso la posibilidad de "contrastar" las fechas de los documentos con los registros informáticos del Gobierno Vasco para determinar si había "correspondencia", las defensas rechazaron esa posibilidad. "Mas parecen una prueba de cargo que de descargo", ha manifestado.

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