Este martes se han dado a conocer las sentencias aprobadas el pasado 6 de noviembre por el Tribunal Supremo que contradicen la decisión anterior y establecen –por 15 votos a favor y 13 en contra– que el cliente tiene que pagar el conocido como impuesto de las hipotecas.

En el texto de las sentencias –cuya extensión es de 180 páginas cada una– se critica duramente el "drástico viraje jurisprudencial" y el "arbitrismo" de los jueces que aprobaron la anterior sentencia el 18 de octubre y que paralizó al día siguiente el presidente de la Sala Tercera del Supremo, Luis María Díez-Picazo.

Además, llaman la atención los seis votos particulares firmados por 12 de los jueces que votaron en contra de este giro. En ellos se critica duramente la actuación de Díez-Picazo y se cuestiona el cambio de parecer del organismo judicial, lo que evidencia una vez más la profunda división en su seno.

"Si el propio Tribunal Supremo pone en cuestión el valor de su jurisprudencia, cómo podrá pedirse respeto a la misma por los Juzgados y Salas de lo Contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional", destaca el primero de los votos, firmado por el expresidente de la Sala Tercera, José Manuel Sieira –al que sucedió en el cargo Díez-Picazo–, que habla sobre la "lealtad entre las secciones y el Pleno en lo que al respeto a la jurisprudencia se refiere". Sieira apunta que "no cabe confundir la avocación a pleno con un remedio para decidir si un cambio jurisprudencial debe ser o no confirmado".

El segundo voto, del magistrado Nicolás Maurandi –presidente de la Sección que aprobó cargar a los bancos el impuesto de las hipotecas– se posiciona claramente en contra del nuevo parecer y afirma que "tenía que haberse reiterado que el sujeto pasivo en el impuesto sobre actos jurídicos documentados [...] es el acreedor hipotecario y no el prestatario".

Maurandi denuncia que la confianza social en la administración de justicia "queda gravemente quebrantada si, después de un cambio jurisprudencial extensamente argumentado, el más alto órgano jurisdiccional del Estado lo deja sin efecto, sin justificar que sea un claro desacierto jurídico, en el breve espacio temporal de un número de días que no completa un mes".

"Se ha de evitar que en el curso de unos pocos días el Tribunal Supremo afirme una cosa y su contraria, desdiciéndose, porque entonces no transmitirá a la sociedad la imagen de que hace justicia sino la de que siembra desconcierto", critica otro voto firmado por el magistrado Pablo María Lucas Murillo, al que se adhieren otros tres jueces del Tribunal Supremo. En este alegato se declara que "en la deliberación de los días 5 y 6 de noviembre quedó claro que la regulación legal del impuesto de actos jurídicos documentados es deficiente".

El juez José Manuel Bandréz Sánchez-Cruzat plantea en su voto la posibilidad de que el Supremo "debería haber planteado cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional" por las "dudas de inconstitucionalidad que genera el precepto legal" juzgado en las sentencias.

Más duro se muestra el voto particular firmado por Francisco José Navarro –y otros tres magistrados más–, que comienza:"Causan extraordinaria preocupación, principalmente en la vertiente institucional, los sorprendentes derroteros que ha tomado este asunto". Navarro considera que lo más alarmante es "la imagen que de nosotros mismos estamos proyectando a la sociedad [...], muy en especial, a los jueces y magistrados que integran la carrera judicial", por que pueden "quedar perplejos con estas actitudes belicosas".

Por último, el magistrado Fernando Román García sigue la misma línea al afirmar que se debería haber seguido el criterio del 18 de octubre para trasladar a los ciudadanos una "necesaria y deseable sensación de certidumbre y seguridad jurídica que descansa en la previsibilidad de las resoluciones judiciales".