En concreto, según ha informado el Colegio de Enfermería, el Juzgado de Instrucción número ocho de Córdoba ha impuesto dicha pena a la persona demandada "al considerar que los hechos denunciados eran constitutivos de un delito de atentado contra la autoridad", y después de que ambas partes llegaron a un acuerdo previo al juicio, por lo que no fue necesaria la celebración de vista oral.

Según consta en los hechos probados que recoge el auto judicial, el enfermero atendía a un paciente cuando la persona denunciada accedió a la consulta y comenzó a dirigirle insultos y amenazas, culpándole de tener un nervio roto. Acto seguido le agarró del brazo y le zarandeó, llevando la situación a un punto en el que fue necesaria la rápida intervención de un celador del centro para detener la situación.

La asesoría jurídica del Colegio de Enfermería de Córdoba, cuya responsable es la letrada María Soledad Muñoz, asistió al enfermero agredido en la preparación de su demanda de forma gratuita.

Antes de que diesen comienzo las sesiones del juicio, tanto la acusación como la defensa presentaron un escrito conjunto de acusación en el que ambas partes consideraban los hechos como constitutivos de un delito de atentado a la autoridad, recogido en el artículo 550 del Código Penal, con la conformidad de la persona acusada.

Mediante dicho escrito solicitaron la imposición de los seis meses de prisión, además de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como asumir las costas del proceso. El juzgado ha suspendido durante dos años el ingreso en prisión del condenado con la condición de no vuelva a cometer ningún delito en ese periodo de tiempo.

El Colegio de Enfermería de Córdoba ha expresado su satisfacción ante la resolución del caso y ha animado a los enfermeros de la provincia a denunciar cualquier agresión, recordando que el servicio de asesoría jurídica del Colegio es totalmente gratuito, tanto en temas profesionales, como laborales, y que ya ha logrado innumerables sentencias favorables en materia de reconocimiento de derecho y reclamaciones económicas.