Así, el parlamentario regionalista, que forma parte de la comisión de investigación del Parlamento sobre inversiones de Sodena, ha comentado que, si en esa comisión, "a raíz de la documentación solicitada y de las comparecencias se va confirmando esta conducta negligente o dolosa de quienes han intervenido en ese caso procederá levantar testifical para remitirla al fiscal".

En rueda de prensa, Sánchez de Muniáin ha señalado que entre el 14 y el 17 de septiembre de 2015 el consejero Ayerdi "dio la vuelta, por su cuenta y riesgo, a una decisión ya tomada en el ámbito de Sodena" en junio de 2015 de descartar la inversión en Davalor.

Así, ha señalado, "ante una operación descartada, Ayerdi favorece a una empresa por su cuenta y riesgo con una decisión alocada, ya que destituyó a todos los consejeros que habían tomado la decisión de manera válida y nombró a sus tres directoras como consejeras de Sodena, e improvisó un Consejo donde, sin mediar más informes ni deliberaciones, aprobó con un escueto acuerdo otorgar el préstamo de un millón".

Sánchez de Muniáin ha indicado que se había descartado dicho préstamo "a la vista de la información que los propios consejeros de Sodena tenían". "El modelo de negocio de Davalor decía en el año 2015 que iba a vender 540 máquinas y la realidad fue de 0 máquinas vendidas; decía también que en 2018 iba a facturas 4.700 millones en ventas y la realidad es que ya en 2015 la deuda con terceros ya superaba los 5 millones de euros", ha expuesto, para añadir que Davalor aseguraba que para 2018 "iba a tener unos beneficios acumulados de 10.192 millones de euros y la realidad dice que en 2018 tiene deudas, impagos y pérdida de inversiones por más de 20 millones".

El parlamentario regionalista ha considerado que Ayerdi "favoreció" a una empresa, por lo que, ha dicho, podría acreditar "cuando menos una conducta negligente y alocada". "No es por tanto una operación fallida", ha comentado.

A partir de ahora, ha explicado, entre las consecuencias que puede haber está "la posible responsabilidad patrimonial de Ayerdi por su conducta tendente a eludir un acuerdo que descartaba la inversión y otorgar por su cuenta y riesgo un millón de euros sin seguir el procedimiento".

Según ha indicado, "a esta responsabilidad patrimonial se puede llegar por varios caminos". Entre varias vías, ha indicado que Sodena es una sociedad pública y "se tiene que atener a la legislación mercantil". "En ese caso, según se demuestre si ha habido negligencia o dolo en ese proceso de tres días para cambiar una decisión, podría abrirse la puerta de una infracción penal, lo que se llama el delito societario", ha expuesto.

Sánchez de Muniáin ha comentado que "el perjuicio que se causó con la decisión se cifra, según lo que Sodena declara ante el concurso de acreedores, en 3,3 millones". Se trata a su juicio de "una posible acción negligente del consejero Ayerdi al decidir por su cuenta lo que los servicios técnicos de Sodena y el Consejo de Administración de la sociedad habían desestimado".

El parlamentario ha afirmado que "si finalmente se demuestra que ha habido dolo o negligencia grave en las decisiones de Ayerdi la consecuencia es que deberían estar obligados a restituir ese dinero de su bolsillo". "En este caso, y a la vista de los trabajos de la comisión de investigación, delimitaremos si estos indicios son así y si se abre la puerta a otro tipo de responsabilidades", ha agregado.

Juan Luis Sánchez de Muniáin ha añadido además que se está celebrando en el juzgado de lo Mercantil el concurso de acreedores de Davalor. "Se ha decretado la liquidación de la empresa y ya los préstamos, avales, deudas van a ser de difícil o imposible cobro", ha comentado, para precisar que al juzgado "corresponde abrir la pieza de calificación, un procedimiento por el cual el juez puede calificar el concurso como culpable". "Si es así cabe la condena de hacer frente a la cobertura total o parcial del crédito", ha comentado.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Ante el trabajo de la comisión de investigación en el Legislativo, el parlamentario de UPN ha indicado que esperan "obtener la información". "Las comisiones de investigación no son para juzgar como a veces las pretende usar el cuatripartito; juzgan los jueces", ha apuntado.

Según ha continuado, "si a raíz de la documentación solicitada y de las comparecencias se va confirmando esta conducta negligente o dolosa de quienes han intervenido en ese caso procederá levantar testifical para remitirla al fiscal".