Según han informado a Europa Press fuentes del caso, la Fiscalía, en su informe de conclusiones definitivas, a las que se ha adherido la acusación particular, que ejerce una de las mujeres denunciantes, testigo protegida en la causa, también mantiene su petición de cuatro años y nueve meses de prisión para un tercer acusado por supuesto delito contra la salud pública.

La primera sesión de este juicio se celebró el pasado lunes, y la segunda estaba señalada para el martes, si bien fue aplazada hasta hoy, dado que los dos principales acusados, en prisión provisional por esta causa, no pudieron ser trasladados hasta la Audiencia desde la prisión de Albolote, por la huelga de funcionarios de prisiones.

En su declaración ante el tribunal, la acusada, de 35 años y nacionalidad ecuatoriana, reconoció que tenía la casa alquilada en Armilla, en el área metropolitana de Granada, y que realquilaba a las chicas habitaciones pero "en ningún momento las obligaba a nada".

Señaló que hacía alquileres verbales a 200 euros la semana, con gastos incluidos, a estas mujeres, dos venezolanas y dos dominicanas, que "imaginaba" que ejercían la prostitución como ella, si bien "no disponía nada" en lo referente a su actividad, ni tampoco las amenazó ni les retuvo el pasaporte.

Se ha sentado en el banquillo de los acusados junto con dos hombres, de nacionalidad dominicana, de 37 y 32 años. Tanto a ella como al primero de ellos, con el que ha dicho que mantenía relaciones íntimas de "vez en cuando", la Fiscalía pide penas por 16 años de prisión por la presunta comisión de delitos contra la salud pública, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, e inmigración ilegal, estando ambos privados de libertad por estos hechos desde el 20 de febrero de 2018.

Este segundo acusado negó también los hechos de los que se le hace responsable, acotando que no controlaba a las chicas y que, como taxista, solo las trasladaba a los hoteles o pisos que le indicaban. Le pagaba por ello la acusada, indicó. "No soy tonto", señaló al ser preguntado por la actividad que desarrollaban.

El tercer acusado era requerido por la acusada para que suministrara a las chicas cocaína que "estaban obligadas a ofrecer" a sus clientes, según mantiene la fiscal. Tras la declaración de los acusados, testificó el grupo de agentes de Policía Nacional que desarrolló la investigación, mientras que, en la sesión de este lunes, se han visionado las declaraciones que prestaron las testigos protegidas.

ACUSACIÓN PÚBLICA

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press, la gerencia de la casa era ejercida supuestamente por los dos principales acusados, ocupándose ella fundamentalmente de la recepción de los clientes, cobro de las cantidades, manejo de los ingresos", y "vigilancia del cumplimiento de las condiciones de trabajo".

Él, al que la Fiscalía considera su pareja, se dedicaba principalmente a trasladar a las prostitutas en coche cuando tenían que realizar un servicio exterior, "vigilarlas", así como "mantener el orden en la casa" y "trasladar el dinero proveniente de la prostitución y del tráfico de drogas a otro lugar cuando su cantidad era elevada".

A una de las chicas la recogieron en el aeropuerto de Madrid, y, previamente, fue avisada supuestamente en su país de origen de parte de la acusada por "una oferta de trabajo como camarera en un restaurante de Granada".

A principios de 2018, una vez en el piso, y en situación irregular en España, según el Ministerio Público, "la acusada le dijo que su verdadero cometido iba a ser el de trabajar como prostituta y que debía pagar la deuda que había contraído con ella por el viaje que, inopinadamente, subió de 720 euros por el pasaje de avión a 3.700 y, días después, a 4.700".

"Las condiciones del ejercicio de la prostitución eran de semiesclavitud" teniendo que "dormir en la casa, estar disponible las 24 horas del día" toda la semana. También habría sido "obligada a fotografiarse en ropa interior y actitud provocativa para colgar su foto" en una web, detalla el fiscal.

Otra testigo protegida comenzó a ejercer la prostitución en esta casa a mediados de noviembre de 2017. También habría sido obligada a fotografiarse en ropa interior para anunciar el club en Internet, y a trabajar "sin derecho a ningún día libre".

A los dos principales acusados, además de la pena de prisión, la Fiscalía les pide pago de 5.820 euros de multa, mientras que al tercer acusado, que habría provisto de cocaína a los anteriores para su venta, 3.500 euros de sanción. La fiscal interesa el cumplimiento de las penas "sin posibilidad de sustitución por expulsión".

LIBRE ABSOLUCIÓN

Las defensas piden la libre absolución, y, en el caso del acusado por la presunta comisión de un delito contra la salud pública, su letrado pide subsidiariamente que, de ser condenado por la misma, se le aplique el subtipo atenuado y, en consecuencia, una pena de un año y medio de prisión, han señalado las fuentes del caso consultadas.