Según Instituciones Prisiones, se ha acordado también el traslado de Madrid a Teixeiro (La Coruña) de Fernando Silva Sande, el miembro de la banda terrorista GRAPO que ha colaborado con los investigadores ofreciendo pistas sobre el lugar donde se encuentra el cadáver del empresario aragonés Publio Cordón, así como el de Jesús Merino del Viejo, quien también cuenta con condenas relacionadas con los Grapo.

De este modo, el Gobierno ha aprobado otros cuatro traslados de presos de ETA, entre ellos Mikel Orbegozo Echarri, del centro penitenciario de Badajoz al de Valladolid.

Este interno ingresó en prisión el 21 de febrero de 2005 y cumple condena de 12 años y 26 meses por organización terrorista, tenencia ilícita de armas, falsificación de documento público y resistencia a la autoridad. Cumplió las tres cuartas partes de la condena en septiembre de 2015 e Interior ha informado de que ha aceptado la legalidad penitenciaria y ha renunciado al uso de la violencia.

También será trasladado el preso de ETA Francisco Javier Chimeno, que ingresó en prisión en el año 2000 y cumple 30 años por intentos de asesinato y tenencia de explosivos. Será trasladado de Alicante a Burgos y cumplió tres cuartas partes de condena en julio de 2016. Ha aceptado la legalidad penitenciaria, reconoce el daño causado, la importancia de resarcir a las víctimas y se compromete a no volver a utilizar la violencia, según Prisiones.

SORIA

Por su parte, Igor González Sola pasará de Madrid II al centro penitenciario de Soria. Cumple las tres cuartas partes de condena en marzo de 2020. En este caso, cumple desde 2005 una condena de 20 años por los delitos de colaboración con banda armada, depósito de armas y falsificación de documento oficial. Se considera que ha aceptado la legalidad penitenciaria.

El último de los cuatro miembros de ETA es Jorge Fraile Iturralde, que será acercado a Cantabria -actualmente se encuentra en Badajoz-. Ingresó en prisión el 10 de abril de 1998 y cumple condena de 25 años por colaboración con banda armada, tenencia de explosivos, estragos y daños. En enero de 2017 cumplió las tres cuartas partes de condena y, según Interior, ha aceptado la legalidad penitenciaria.