El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Álava, Josu Izaguirre, ha reafirmado su convicción de que los acusados del 'caso De Miguel', en el que se investiga una presunta red de corrupción vinculada a excargos del PNV, actuaban como una "mafia", que no dudaba en recurrir a las "coacciones" para obtener comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos.

El máximo responsable de la Fiscalía alavesa ha iniciado este lunes la lectura de su informe final por el 'caso De Miguel', en el que 26 personas están acusadas por diversos delitos cometidos entre 2005 y 2009 por una presunta red corrupta liderada por el exdiputado foral Alfredo de Miguel y otros antiguos cargos del PNV de Álava.

El ministerio público reclama una pena de 29 años y nueve meses de cárcel para el antiguo diputado foral de Álava, al que considera cabecilla de la red. Los otros dos principales acusados son los también exdirigentes del PNV Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, para quienes Fiscalía solicita 13 años y siete meses de prisión en cada caso.

Izaguirre ha reconocido este lunes que cuando puso en marcha la investigación, iniciada a raíz de las pruebas aportadas por una empresaria que denunció haber sido extorsionada por los miembros de la trama, sintió "un gran vértigo", debido a la dimensión que podía alcanzar el caso.

No obstante, ha subrayado que en ningún momento se le ocurrió ocultar la denuncia "en un cajón". El fiscal ha defendido la "contundencia" de las pruebas aportadas por Alberdi, así como la profesionalidad y el rigor de la investigación desarrollada por la Ertzaintza y por el juez instructor, Roberto Ramos.

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