En un comunicado, la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi ha asegurado que rechaza "de forma categórica cualquier tipo de protesta violenta, por muy difícil que sea la situación del sector en la actualidad", y defiende "el uso siempre de mecanismos pacíficos para la defensa de los legítimos intereses del taxi", que compite con los conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) que trabajan para las empresas de alquiler de coches con conductor como Uber y Cabify.

En cuanto a los incidentes denunciados por el PSOE previos al mitin que pretendía celebrar Susana Díaz en el teatro municipal de San Juan, la FAAT precisa que "existen diferentes versiones" y, por tanto, pide "que no se criminalice a todo un sector hasta tanto no se aclaren realmente las circunstancias del incidente". "Según algunos compañeros allí presentes, no se produjeron actos de violencia, sino únicamente protestas en disconformidad con la política que está llevando a cabo la Junta de Andalucía en materia de control de los VTC", indica la FAAT.

"Si realmente hay algún acto de violencia, nosotros somos los primeros en condenarlo, pero que esto no se use para criminalizar al sector", ha subrayado el vicepresidente de FAAT, Fernando Morales.

La organización, en cualquier caso, ha hecho un "llamamiento a la calma y al sosiego" a sus asociados, exponiendo que el sector atraviesa "un momento extremadamente complejo para el futuro del taxi, sometido a la irrupción descontrolada de las multinacionales a través de las llamadas VTC y agravado por la lamentable inacción de la administración pública para regularlas".

En este contexto, la Federación subraya su "compromiso con la defensa de los intereses del sector del taxi en el marco de los cauces democráticos y en el respeto absoluto a la campaña electoral de las autonómicas andaluzas". Por eso, la entidad espera la "reanudación del diálogo" con los responsables políticos de la Junta "de Andalucía para buscar soluciones urgentes en aplicación" del reciente Real Decreto Ley destinado a permitir a las comunidades autónomas y los municipios regular y limitar las autorizaciones de VTC si así lo deciden.