Los Servicios Sociales de Castilla y León mantienen activos 1.834 informes de valoración de la violencia de género (Invige), que en el 45 por ciento de los casos es de tipo físico y psicológico de forma simultánea.

Así se refleja en los datos que la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha dado a conocer con motivo de la reunión de la Sección de Género del Observatorio de Castilla y León, donde ha presentado un diagnóstico con la información con la que cuentan los Servicios Sociales.

Este balance señala que hasta el 30 de septiembre se encontraban activos 1.834 informes, de los que 1.238 son nuevos, aunque hay que tener en cuenta que se trabaja desde el pasado año con esta herramienta, que permite contar con una "valiosa" información que además se comparte con jueces y fiscales y se trabaja para que accedan a la misma policías locales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El trabajo llevado a cabo con la elaboración de los informes permite por primera vez conocer con detalle datos y perfiles de las víctimas, ha explicado Alicia García, quien ha aportado información sobre el perfil de las mismas.

Así, por tipo de violencia, un 45 por ciento de las mujeres ha sufrido de tipo física y psicológica a la vez, mientras que un 27 por ciento sólo ésta última, un 8 por ciento de tipo sexual, un 4,3 por ciento violencia física y se han detectado ocho víctimas de trata, un 0,4 por ciento.

Del total, cerca de un 26 por ciento son víctimas "especialmente vulnerables", ya que hay un 15 por ciento inmigrantes, un 5 por ciento mujeres con discapacidad, un 3 por ciento de etnia gitana y un 2,8 por ciento tienen problemas de drogodependencias.

Por lo que se refiere a la edad, la mayor parte de las víctimas, un 47,3 por ciento, se encuentra entre los 31 y 45 años, un 26 por ciento entre 46 y 64, un 22 por ciento se encuentran en el tramo de edad de entre 18 y 30 años y un 4,48 tienen 65 o más, mientras que las víctimas menores son un 0,5 por ciento. Por su lugar de residencia, el 58,2 por ciento de las víctimas viven en el medio urbano y el 41,8 por ciento en el rural.

AUMENTO DE LLAMADAS

Otros de los datos que se han aportado en este balance es que el número de llamadas por violencia de género registrado a los diferentes teléfonos (112, 016 y 012 mujer) es de 7.373, un 4 por ciento más, con un aumento al 112 (que atendió 2.240) de un 6 por ciento. El 016 recibió 2.891, de las que 704 se transfirieron al 012, número que atendió otras 2.056 directas por violencia de género (entre las 4.035 recibidas, lo que supone el 68 por ciento). Además de las propias de esta materia, 1.362 son de información general, 1.095 por atención psicológica, 296 de información jurídica y siete por situaciones de emergencia.

Por su parte, la Fundación ANAR ha recibido 27 llamadas por agresiones sexuales, 157 por violencia de género (25 directas y 135 del entorno de la víctima) y dos de la nueva línea puesta en marcha para asesoramiento a profesorado en materia de violencia de género.

Alicia García ha destacado el año intenso de trabajo en el marco del modelo integral 'Objetivo Violencia Cero' y ha destacado, además de la puesta en marcha de los informes de valoración de las víctimas, la incorporación de diez nuevas prestaciones de apoyo a las víctimas dentro del Catálogo de Servicios Sociales y la regulación del funcionamiento de los centros y casas de acogida.

Según el balance de estos nuevos servicios, además de los citados, el servicio de acompañamiento, orientación y asesoramiento jurídico ha atendido hasta septiembre a 312 mujeres y, en este marco, se ha puesto en marcha como novedad el servicio de asistencia letrada y defensa jurídica gratuita a víctimas de agresiones sexuales, con 14 personas atendidas. También se ha extendido este servicio de asistencia a huérfanos de víctimas de violencia de género.

Por lo que se refiere al programa de apoyo psicológico a víctimas de violencia de género, como novedad se ha implantado un servicio de urgencia (con compromiso de asistencia en media hora, las 24 horas y todos los días) en sedes judiciales o policiales que ha atendido a nueve personas. Hasta septiembre, en términos generales dentro del programa, se ha atendido a 592 mujeres (246 vivían en el medio rural, 108 eran menores y 16 dependientes de las víctimas).

En el caso de la regulación de los centros (tres) y casas de acogida (14) -que cuentan con 219 plazas), la consejera ha señalado que después de dos años de trabajo está próximo a aprobarse un decreto que regulará la autorización y funcionamiento de los mismos encaminado a coordinar el funcionamiento de todos ellos para mejorar la atención.

Así, se trata de garantizar en todos los centros de forma similar una atención integral y seguridad a las víctimas y a los menores dependientes de ellas durante su estancia en los centros. Otra de las novedades será que, junto a los existentes, se prevé también centro especializados según las necesidades de las víctimas, además de un servicio complementario de fomento de la autonomía.

También se elaborará una aplicación informática con la que los profesionales podrán gestionar de forma más ágil la gestión de plazas en los centros de la Comunidad y, mediante el decreto, se regulará además el régimen de acreditación de los mismos.

ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Los centros de emergencia han acogido a 133 mujeres y 96 menores, mientras que las casas de acogida atendieron a 88 mujeres y 86 menores, cifras similares a las del año pasado.

Este año se han puesto en marcha dos recursos habitacionales especializados, uno para víctimas de trata y otro para mujeres víctimas de violencia de género con problemas de drogodependencia, además de otro para personas con enfermedad mental grave (en este caso se ha atendido a tres personas).

Por otro lado, hasta septiembre se han facilitado nueve viviendas individuales para mujeres víctimas de violencia de género, que han beneficiado a 20 personas (tenían once hijos a su cargo) y de la prestación económica se han beneficiado 62 víctimas, ocho más que hace un año, mientras que el número de beneficiarias de Renta Garantizada de Ciudadanía ha aumentado un 7,31 por ciento, hasta las 235.

El programa de inserción de socio laboral, cuya importancia ha destacado la consejera, ha permitido formalizar 76 contratos a víctimas, un 19 por ciento más que el año pasado y, dentro de ello, destaca el Programa Empleo-Mujer, que ha permitido la contratación de 52 mujeres víctimas, un 16 por ciento más.

Por otra parte, Alicia García ha destacado el descenso del número de denuncias y órdenes de protección y ha incidido en que, según la memoria de la Fiscalía General del Estado, el número de denuncias falsas se sitúa en el 0,0078 por ciento.

En cuanto a las medidas de protección por parte de las fuerzas de seguridad, la consejera ha señalado que, según la Delegación del Gobierno, hay 2.596 casos activos, de los que el 42 por ciento dispone de "mayores" medidas de protección policial y, además, a 65 víctimas con riesgo alto tienen dispositivo electrónico de seguimiento y 447 terminal Atenpro.

Otra de las novedades de este año puestas en marcha es una ayuda económica anual de 5.000 euros para menores huérfanos y el acceso gratuito a estudios en universidades de la Comunidad, para lo que se han concretado seis ayudas.

A lo largo de este año se han desarrollado diferentes medidas de formación que han llegado a 7.700 profesionales de diferentes ámbitos y la consejera ha adelantado que se trabaja en un plan de formación a cuatro años, dado el importante número de agentes implicados en esta materia.