La Sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado parcialmente la demanda presentada por Ecologistas en Acción, con el respaldo de WWF-España, las asociaciones ecologistas que conforman el Programa Antídoto y otras asociaciones de la Comunidad, contra el Acuerdo 78/2016 de la Junta que contenía determinadas actuaciones contra el topillo campesino, entre ellas las quemas de linderos.

El tribunal da la razón a la entidad recurrente que alegaba que no está probada la efectividad del fuego en las denominadas "zonas de dispersión" para el control de las poblaciones de topillo, sino que daña ecosistemas que albergan predadores naturales de los topillos y en general causa graves daños a toda la biodiversidad presente.

El Tribunal reconoce que la Administración no ha demostrado, ni técnica ni científicamente que el fuego sea necesario para prevenir y controlar las poblaciones de las plagas de topillos, según informa EAA a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Como consecuencia de la sentencia las organizaciones ambientalistas recuerdan que la utilización de quemas para el control de topillo campesino deberá ser retirada igualmente de la futura Orden destinada a aprobar la estrategia de gestión integrada de esta especie y dejar de ser, como han hecho llegar a la Consejería de Agricultura y Ganadería, una alternativa de control.

LA BROMADIOLONA

El TSJCyL desestima otra parte del recurso que versaba principalmente sobre el riesgo ambiental producido por la utilización del tóxico bromadiolona. Sin embargo, el TSJ no niega que la Ley establezca la necesidad de que antes del uso del veneno se hayan aplicado otras medidas no químicas, como el manejo de cultivos o el fomento de la lucha biológica. También reconoce la sentencia que el producto es persistente, bioacumulable y tóxico.

A juicio de los recurrente,

el Tribunal deja la puerta abierta para que en el futuro se puedan recurrir las autorizaciones concretas de uso de venenos si la Dirección General Competente no acredita en cada caso la ejecución previa de medidas fitosanitarias no químicas. Aquí se incluirían, entre otras, el labrado de parcelas, la planificación de las siembras de otoño o la implantación de cultivos poco favorables al desarrollo de poblaciones de topillo.

Con ello, en lo sucesivo, la utilización de la bromadiolona u otros venenos exigirá la acreditación cumplida y estricta de haber procedido, con carácter previo, al desarrollo de una serie de medidas no químicas que hayan fracasado, sin que el veneno pueda ser el remedio de primer recurso como ha venido siendo hasta el momento.

Ello es coincidente con la Directiva de uso sostenible de los plaguicidas que obliga a los Estados miembros a adoptar todas las medidas necesarias para fomentar la gestión de plagas con bajo consumo de plaguicidas, dando prioridad a los métodos no químicos, de manera que los usuarios profesionales de esas sustancias opten por las prácticas y los productos que supongan riesgos mínimos para la salud humana y el medio ambiente.