El proyecto, que se asimila a la legislación estatal aprobada recientemente en la materia, ha sido aprobado con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios.

En el transcurso del debate, el PPN ha defendido una enmienda que proponía eliminar el impuesto para las hipotecas en primeras viviendas, pero esta propuesta no ha sido aprobada. UPN y PPN han votado a favor y el resto, en contra.

El impuesto continúa exento en determinados supuestos. Los beneficios fiscales derivados de dicha exención subjetiva, aplicables a las tres modalidades de que consta este gravamen de naturaleza indirecta (transmisiones patrimoniales onerosas, operaciones societarias y actos jurídicos documentados), alcanzan al Gobierno de Navarra y demás Organismos de la Administración Foral y sus establecimientos de beneficencia, cultura, docentes o de fines científicos; al Estado y las Administraciones Públicas Territoriales e Institucionales y sus establecimientos de beneficencia, cultura, seguridad social, docentes o de fines científicos; y a la Cruz Roja Española.

Quedan exceptuados de esa dispensa los partidos políticos con representación parlamentaria, al tratarse de un "privilegio injustificado" que Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E han resuelto eliminar vía enmienda, con el apoyo del resto de grupos.

Además, la ley foral hace constar en el Impuesto de Sociedades la "no deducibilidad" de la deuda tributaria derivada del impuesto de las hipotecas, cuando el prestamista sea el sujeto pasivo en las escrituras de constitución de préstamos con garantía. Por tanto, no podrá desgravarse el gravamen de las hipotecas del Impuesto de Sociedades.

A su vez, quedan derogados los beneficios fiscales aplicables a las cooperativas de crédito, en los supuestos de escrituras de constitución y cancelación de préstamos con garantías en las que actúen como prestamistas. Es decir, se mantiene la exención para los préstamos que reciban, no así para los que concedan.

También ha prosperado por unanimidad una enmienda de EH Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E para anular la exención prevista para las primeras copias de las escrituras públicas que documenten préstamos hipotecarios y contratos asimilados, solicitados para la construcción de viviendas de protección oficial antes de la calificación definitiva de éstas, así como los solicitados por los adquirentes con ocasión de la primera transmisión de tales viviendas.

Asimismo, se ha anulado la exoneración en el caso de las escrituras públicas de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. La enmienda contempla ambos supuestos "siempre que el sujeto pasivo sea el prestamista".

El consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, Mikel Aranburu, ha explicado que, "ante el desasosiego y perplejidad causados" por la decisión final del Supremo de son los clientes los que deben pagar el impuesto, "el Gobierno de Navarra, por seguridad jurídica, ha traído el proyecto de ley para acomodarnos a la normativa estatal", que recientemente ha sido modificada para que sean los bancos los que paguen.

El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin se ha mostrado partidario de que se armonice la legislación navarra con la estatal, pero ha cuestionado que en este caso la norma navarra se haya modificado tras la sentencia del Tribunal Supremo, mientras que en el caso de las retenciones de IRPF en las prestaciones por maternidad el cuatripartito haya rechazado iniciar la devolución de las cuantías retenidas en los últimos años. "¿Por qué en el caso de las hipotecas replicamos prácticamente la legislación común y no se hace lo propio con las madres del IRPF?", ha planteado.

Aranburu ha replicado que el Gobierno de Navarra es "coherente" en estos dos temas y ha afirmado que en ambos casos se ha actuado para modificar la legislación, pero sin introducir el carácter retroactivo.

El parlamentario de Geroa Bai Jokin Castiella ha afirmado que el proyecto de ley ha tenido "el tiempo y la forma necesarios para adecuarlo a la legislación navarra" y se ha mostrado "sorprendido" de que algunos partidos "hayan tenido durante tantos años una posición laxa en torno a esta tasa que debían pagar los ciudadanos y ahora se indignan porque debe pagar la banca el impuesto, y entonces proponen su supresión".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha explicado que su grupo era partidario de que se eliminara el impuesto para las primeras viviendas como ocurre en el País Vasco, porque de lo contrario puede ocurrir que "los bancos le pasen a los clientes el coste del impuesto". "Se lo propusimos al cuatripartito y al Gobierno, pero nuestra propuesta tuvo escaso eco", ha señalado, por lo que finalmente, por "lealtad", ha aceptado el proyecto presentado por el Ejecutivo.

Por parte de Podemos-Orain Bai, Laura Pérez ha afirmado que "tiene toda la lógica que en un negocio jurídico, el que obtiene el beneficio patrimonial sea el que asuma la carga del impuesto". Ha criticado que la enmienda del PP es "descarada" y ha censurado que "ahora que le toca pagar a la banca, pide que no se pague el impuesto".

La portavoz del PSN, María Chivite, ha considerado que con esta ley se ha seguido "el camino correcto", por lo que ha anunciado que retiraba una ley que habían presentado los socialistas en el mismo sentido y ha animado al resto de partidos "no mirar quién presenta las iniciativas sino a mirar si las iniciativas son buenas o no". Además, ha afirmado que "el Gobierno de España se puso las pilas, se movió rápido para cambiar la norma, y el Gobierno de Navarra ha estado más lento".

La parlamentaria del PPN Ana Beltrán ha señalado que su enmienda "es mucho más favorable para los navarros" y ha advertido de que "todos sabemos que los bancos van a trasladar el impuesto de una forma u otra a los clientes, por lo tanto, nos parece mucho más justo eliminar el impuesto, nada más lejos de querer proteger a la banca". En cualquier caso, ha dado su apoyo a la ley al considerar que "es más justo que lo pague la banca en lugar del cliente".

Finalmente, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha compartido el contenido de la ley, "porque tienen que ser los bancos quienes asuman el pago, es justicia social, quien hace el negocio es el banco". "Se trata de anteponer el interés de los ciudadanos al interés privado de la banca", ha asegurado. No obstante, ha reconocido que "los bancos tienen suficiente poder para incrementar el coste de las hipotecas y la única forma de corregir esta situación es reducir ese poder, para la que hace falta una mayor regulación y una banca pública".