'Pensionistas', viñeta de Asier
'Pensionistas', viñeta de Asier. ASIER

España se enfrenta desde hace décadas al reto del sostenimiento del Estado del Bienestar y, en concreto, del costoso sistema público de pensiones. Además, el país cuenta ahora con una nueva realidad basada en la baja natalidad, una mayor longevidad, retraso en la incorporación laboral y una mayor incertidumbre en el trabajo.

Todo ello unido a un bajo crecimiento potencial a nivel económico y a una elevada deuda pública. La natalidad cae por el descenso de la tasa de fecundidad y del número de mujeres en edad fértil. De hecho, en 2018 el número de mujeres de 15 a 49 años es un 9,7% inferior al de 2009 y hasta 2050 se podría reducir en otro 25%, según datos del INE. El número de hijos por mujer en 2016 era en España de 1,3, frente a los 2 de Francia, los 1,9 del Reino Unido o los 1,5 de Alemania. Por el contrario, y afortunadamente, cada vez vivimos más.

La esperanza de vida en España rebasa los 85 años, lo que se traduce en 22 años de media cobrando la pensión pública, según fuentes bancarias. Todo ello está provocando que la pirámide de población se esté invirtiendo.

Jóvenes con contratos precarios

Las generaciones jóvenes cada vez son más pequeñas. Frente al aumento de la longevidad, ¿cómo ha cambiado el ciclo vital y laboral? Aumentan los años dedicados al estudio. Se retrasa, por tanto, la edad de emancipación (hasta los 29,3 años de media). Menos de un 20% de los jóvenes se emancipa. Se retrasa la edad del primer matrimonio (33 años en las mujeres frente a los 25,6 años de 1990) y del primer hijo. Todo ello provoca que la edad de acceso al mercado laboral aumente en casi 10 años desde 1970. Por tanto, se acortan los años de vida laboral mientras aumentan los años de jubilación.

Fuentes financieras explican que "aumenta el desfase entre las cotizaciones acumuladas y las prestaciones recibidas en la jubilación". "Las cotizaciones sociales que un trabajador acumula durante su vida laboral (35 años) se agotan en unos 12 años", aseguran. "Para cubrir 20 años de pensión harían falta las cotizaciones de 55 años", indican.

Las generaciones más jóvenes se enfrentan a una vulnerable situación económica. La tasa de paro rebasa el 34% entre los menores de 25 años (frente al 15% del conjunto de la población). La precariedad laboral les afecta especialmente: el 71% de los menores de 25 años tienen un contrato temporal y el 38,7% trabajan a tiempo parcial. Esto dificulta que los jóvenes coticen lo suficiente como para asegurarse pensiones dignas.

Ingresos reducidos: la renta media (con alquiler imputado) de los jóvenes de 16 a 29 años en 2016 era de 11.129 euros, un 13,3% por debajo del total. Por ello, obviamente, solo el 20,8% de los menores de 30 años consigue adquirir una vivienda y emanciparse. Mientras que la edad media de emancipación en España es de 29,3 años, en Europa se sitúa en 26.

Los pensionistas marchan en Madrid

De 2014 a 2016 la inflación fue negativa y las pensiones se revalorizaron el 0,25% anual. En 2018 y 2019, tras los cambios introducidos en los Presupuestos Generales del Estado, habrá una revalorización del 1,6% (IPC previsto) y del 3% en las pensiones mínimas y no contributivas. Además, habrá un aumento de la base reguladora de viudedad del 52% al 56% y un retraso de la aplicación del factor de sostenibilidad a 2023.

La preocupación de los españoles por la sostenibilidad del sistema público de pensiones es del 96,1% (entre mucho -63%- o bastante 33,1%-) frente al 3,2% que le preocupa poco y el 0,7% que no le preocupa nada, según Inverco. Y lo bien cierto es que es un asunto para estar muy preocupados.

La hucha de las pensiones se vacía

Según el estudio del BBVA, "España ante el reto de las pensiones: sostenibilidad versus suficiencia", explican que "para paliar los problemas financieros del sistema de pensiones, en los últimos años el Gobierno de España ha hecho uso del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (conocido comúnmente como la hucha de las pensiones) para hacer frente a los compromisos de pago de las pensiones de jubilación, principalmente la paga extra de los pensionistas de julio y diciembre".

Evolución del gasto en pensiones

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social se constituyó en el año 2000 (aunque no se reguló hasta 2003) con el objetivo de atender a las necesidades del sistema en materia de prestaciones contributivas. "El fondo fue aumentado progresivamente su patrimonio entre 2001 y 2008, gracias a las dotaciones aprobadas por el Consejo de Ministros con cargo a los excedentes presupuestarios de la Seguridad Social", explica Elisa Chuliá en un trabajo de análisis titulado ‘El agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social: un imprevisto y una oportunidad’.

"En 2010, el Fondo recibió la última dotación por esta vía, y en 2011 alcanzó su máximo patrimonio, con un ‘stock’ de 66.815 millones de euros. Desde septiembre de 2012 hasta junio de 2017, el Gobierno ha efectuado 21 disposiciones por un importe total de 70.851 millones, casi todas ellas en los meses de junio y diciembre para hacer frente a las pagas extraordinarias de pensiones correspondientes al verano y a la Navidad. Tras la última disposición (junio de 2017), los activos del Fondo ascendían a 11.506 millones de euros", añade.

Si se mantiene este ritmo, y no se toman medidas, las previsiones apuntan a que el fondo podría vaciarse completamente a lo largo de este año 2018. En caso de llegar a esta situación, lo más probable es que el Gobierno optara por financiar ese desfase en las pensiones a través de impuestos. De momento, y para no vaciar el Fondo por completo, la Seguridad Social tendrá que endeudarse, en términos netos, para hacer frente al pago de la extra de Navidad a los pensionistas.

A corto plazo parece que se barajan tres posibilidades para combatir el déficit de financiación de las pensiones: crear un impuesto específico para financiar la Seguridad Social; dedicar una partida de los impuestos ya existentes, o pagar con impuestos y no con cotizaciones la pensión de viudedad y orfandad, que equivalen a 1.661 millones de euros al mes (a 1 de octubre), un 19% del total de la nómina de pensiones que se paga mensualmente.