La atención a las víctimas de agresiones sexuales en España es "una lotería": nueve regiones, sin centros específicos

  • Una investigación de Amnistía Internacional detecta seis obstáculos en el abordaje de la violencia sexual.
  • Denuncia que ninguna autonomía dispone de centros de crisis, con especialistas y atención 24 horas.
  • Amnistía demanda campañas públicas contra la violencia sexual, protocolos policiales, forenses y judiciales que eviten la revictimización y asistencia gratuita a las víctimas, entre otras medidas para la evitar su desprotección.
  • BLOG: "Los mitos de la violencia sexual", por Bárbara Tardón, coautora de la investigación de Amnistía.
Mujeres jóvenes en una manifestación contra la violencia sexual.
Mujeres jóvenes en una manifestación contra la violencia sexual.
Francisco Ruano / Amnistía Internacional
Mujeres jóvenes en una manifestación contra la violencia sexual.

Amnistía Internacional ha realizado una exhaustiva investigación durante todo 2018 —recogiendo testimonios de mujeres, instituciones y organizaciones en Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Galicia— que le ha permitido detectar los problemas principales a los que se enfrentan las mujeres víctimas de agresiones sexuales en España y proponer una serie medidas urgentes para abordar esta violencia de género.

En el camino, han descubierto seis obstáculos a la protección de las víctimas de la violencia sexual:

1. La invisibilización del problema. Amnistía tira de estadística para hablar de la incidencia de la violencia sexual. Afecta a 1 de cada 2 mujeres, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), o a más de 3.251.000 (13,7%) si se mira a la macroencuesta sobre Violencia contra las Mujeres de 2015. Los datos, sin embargo, al provenir de encuestas, no permiten conocer la dimensión real de la violencia sexual, ha denunciado este jueves la organización. Para Amnistía, la falta de datos oficiales invisibiliza y minimiza este problema. La falta de datos, denuncian, no ayuda a impulsar políticas públicas.

2. Treinta años sin políticas públicas. En los últimos años se han producido importantes avances en la lucha contra la violencia de género en el ámbito de la pareja y ex pareja, reconoce Amnistía, gracias a la Ley integral contra la violencia de género de 2004, que contempla la protección de las mujeres que sufren violencia sexual en este ámbito; Sin embargo, "las mujeres que sufren una violación u otro tipo de violencia sexual por terceros conocidos o desconocidos no se consideran víctimas de violencia de género y son las grandes olvidadas de las políticas públicas", denuncian.

"Ni siquiera el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en septiembre de 2017, incluye medidas contra la violencia sexual en el ámbito de la prevención y sensibilización, sólo recoge una medida dedica a la asistencia de las víctimas, y ninguna para la asistencia y protección de menores víctimas de este tipo de violencia".

La falta de campañas informativas de atención o protección para combatir la violencia sexual "deja a las mujeres sin saber qué hacer en momentos especialmente traumáticos, y las enfrenta a descubrir por su propios medios procedimientos diferentes según la comunidad autónoma en la que vivan", denunció el director de Amnistía en España, Esteban Beltrán, durante la presentación de la investigación. "La mayoría de las mujeres no sabe cómo actuar tras haber sido violada, acosada en el trabajo, o abusada desde la infancia".

3. La lotería de las comunidades autónomas. A lo largo de esta investigación, Amnistía Internacional ha constatado cómo la falta de protocolos de actuación ante la violencia sexual enfrenta a las mujeres a diferentes tipos de atención según la comunidad autónoma en la que vivan.

"La atención, la asistencia y protección de las víctimas no puede ser una lotería que dependa del sitio en el que vives o del tamaño de la localidad en la que ha ocurrido la agresión o donde se denuncie. A esto se añade que en todas las comunidades autónomas hay importantes carencias en cuanto a la protección de las víctimas de violencia sexual", ha manifestado Virginia Álvarez, responsable de investigación y política interior de Amnistía Internacional España.

Ninguna de las 17 comunidades autónomas cuenta con "centros de crisis" (Rape Crisis Center), es decir, centros con personal multidisciplinar con una verdadera especialización en violencia sexual, disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, tal y como establece el Consejo de Europa. Hasta nueve comunidades autónomas (Aragón, Baleares, Canarias, Extremadura, Euskadi, Galicia, La Rioja, Murcia y Navarra, además de Ceuta y Melilla, carecen de centros de atención especializados para víctimas de violencia sexual.

Además, los protocolos de actuación o coordinación son distintos en cada comunidad autónoma. Aunque la atención médica, incluída la exploración ginecológica, está garantiza , existen diferencias en cuanto al procedimiento a seguir en los diversos lugares donde se produce la agresión. "Recibimos muchas llamadas de personas que no viven en la Comunidad de Madrid, pidiendo asesoramiento. Esto lo hacen porque en su Comunidad Autónoma no hay un servicio", reconoció una responsable del servicio madrileño.

En Andalucía se puede acudir al centro médico antes o después de la denuncia, mientras que en Madrid capital, hay que denunciar antes de acudir al único hospital de referencia, la Paz, para garantizar la presencia de personal forense, esto sin embargo, no es requisito necesario así en otras localidades de la comunidad.

4. Sin especialización y con prejuicios. La falta de una adecuada formación con perspectiva de género de las personas que atienden a víctimas de violencia sexual pone en riesgo el respeto de los derechos de las mujeres, considera Amnistía. Una víctima les relató que en su interrogatorio policial "las preguntas eran muy repetitivas, y hacía como caras, me hacía sentir incómoda, porque yo veía en su cara que no me creía".

La ropa de la víctima, la hora en que se produjo la violación, si había bebido o no, su nacionalidad, no pueden ser argumentos utilizados para mermar su credibilidad cuando llegan a comisaría a poner una denuncia, o cuando son atendidas en un hospital por personal forense. "La suerte de la víctima no puede depender de la sensibilidad de la persona que la reciba", denuncian.

5. Atención versus denuncia. La organización observa "con preocupación" que sea necesario que la víctima presente una denuncia para que se garantice la intervención de personal forense. Limitar una atención adecuada, el acompañamiento o la protección a la presentación de una denuncia, deja sin atención y protección a muchas mujeres que no denunciarán porque creen que no las van a creer, porque tienen miedo a la estigmatización, porque han sido violadas, abusadas por sus jefes y pueden perder su trabajo, o porque han sido violadas por familiares y temen ser rechazadas por su entorno más cercano.

La obligatoriedad de poner una denuncia puede invisibilizar a mujeres en situación de especial vulnerabilidad como son las mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular que se podrían enfrentar a una orden de expulsión, las trabajadoras domésticas, o las mujeres con discapacidad que en muchos casos son violadas o abusadas por sus familiares o cuidadores, las mismas personas con las que tendrían que acudir a comisaría o a un centro médico en el caso de que decidieran denunciar.

6. Un proceso judicial traumático. En España, entre enero y junio de 2018 se denunciaron 788 violaciones, más de 4 al día, según datos del Ministerio del Interior. Pero España sigue estando a la cola de los países europeos en el número de denuncias presentadas. Amnistía dice que a ello contribuye "el miedo a no ser creídas, la estigmatización y los obstáculos que se encuentran".

"No volvería a denunciar" no puede ser la idea con la que se quedan las mujeres víctimas de violencia sexual después de haber pedido protección a las instituciones, y haber vivido el proceso judicial como una experiencia traumática. No puede ser que sean las mujeres las juzgadas durante todo del proceso", señala una de las autoras de la investigación, Virginia Álvarez.

Amnistía ha puesto en marcha la campaña "Ya es hora de que me creas", precisamente para exigir campañas de información que aclaren qué hacer cuando has sido violada o has sufrido cualquier otro tipo de violencia sexual, investigaciones que sitúen a España ante una dimensión real de la violencia sexual, más políticas públicas y recursos especializados para atenderlas.

"Es necesario que esto cambie, estamos viviendo un momento histórico en el que millones de mujeres han salido a la calle para decir que no consienten que las víctimas sean las únicas cuestionadas tras una violación, y que el Estado no tome medidas para protegerlas. La gran mayoría de la sociedad no está dispuesta a consentir que mujeres y niñas se encuentren solas en un recorrido lleno de obstáculos que también viola sus derechos", declaró Esteban Beltrán.

En la presentación de la investigación, Amnistía ha propuesto sus seis medidas urgentes para abordar la invisibilidad, el cuestionamiento y la desprotección de las víctimas de violencia sexual:

  • 1.  Recopilar datos que permitan dimensionar este problema para que puedan impulsarse políticas públicas, coordinadas con los gobiernos autonómicos, para la prevención, sensibilización, información, atención y reparación de las víctimas.
  • 2.  Crear servicios especializados como teléfonos disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, y garantizar la existencia de centros especializados en violencia sexual en todos los territorios del Estado español.
  • 3.  Revisar, actualizar y garantizar la aplicación el Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género, incluida la violencia sexual, de 2012.
  • 4.  Reformar el Código Penal en lo referente a todos los delitos sexuales que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y niñas, garantizando que se protege la autonomía sexual y el consentimiento libremente dado, de acuerdo con los estándares internacionales, especialmente el Convenio de Estambul.
  • 5.  Facilitar asistencia letrada gratuita e inmediata a las víctimas, formar y sensibilizar a todos los operadores jurídicos en contacto con las víctimas, y que las instancias judiciales puedan adaptarse para posibilitar espacios amables que garanticen la confidencialidad y seguridad de las víctimas y sus familiares.
  • 6.  Impulsar la reparación de las víctimas, no solo desde el punto de vista de una compensación económica, sino contemplando la restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
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