La ley, que ha sido aprobada con el voto a favor de todos los grupos menos el PP, tiene como objeto regular la actividad de influencia de estos grupos de interés -se cambió el término lobby inicial en el texto por su "connotación negativa"- para asegurar la transparencia en su participación en la elaboración y aplicación de políticas públicas. Además, especifica qué actividades se consideran de influencia y cuáles no (reuniones protocolarias, participación pública en la elaboración de leyes o asesoramiento, por ejemplo).

Para conseguir esa transparencia, se crea un registro de grupos de interés al que deberán inscribirse los lobbies para facilitar su identificación y el control de las actividades de influencia que realizan y que obliga al cumplimiento de un código común de conducta. Ese código obliga a actuar de manera transparente, "no incitar por ningún medio" a los cargos públicos a infringir la ley o las normas éticas, no ofrecer regalos, favores o servicios en condiciones que puedan condicionar su objetividad y aceptar que se hagan públicas sus actuaciones, reuniones y audiencias con altos cargos y autoridades.

Además, se regula en la ley su participación previa a la elaboración de normas cuando el Consell considere que para su elaboración hay intereses que pueden resultar afectados, el carácter no vinculante de esa participación y establece también un régimen sancionador ante infracciones graves como influir "de manera deshonesta" o incitar a infringir la ley con multas de entre 601 y 6.000 euros.

El diputado del PP Alfredo Castelló ha calificado esta norma como "un churro, un chicharro más de la factoría del Titanic que no sirve para nada" que ha sido "empeorada todavía más" en su tramitación parlamentaria con 91 enmiendas con las que "no le ha quedado ni el nombre". Al respecto, ha señalado que la palabra lobby está recogida por la RAE y establece como sinónimo grupo de presión y no grupo de interés, como aparece en esta ley.

"No se va a aplicar nunca, ya lo verán", ha augurado Castelló, que ha indicado que no tiene encaje en el sistema y ha criticado la "pésima" calidad de los artículos. "Tienen mucho talento para engañar y para el marketing", ha señalado.

La diputada Mireia Mollà (Compromís) ha criticado esa acusación, indicando que quien tiene un exconseller en la cárcel por haber robado es el PP y ha criticado que no entiende que el parlamentarismo "es mejorar leyes y desde la pluralidad conseguir consensos". Castelló ha indicado que "no había forma de arrancarla" usando un símil automovilístico y por eso presentaron la única enmienda que consideraban necesaria, a la totalidad del texto.

Mollà ha defendido la necesidad de velar por la transparencia para que los grupos de interés que quieren influir en las políticas públicas "no piensen que actuar sin transparencia es más beneficioso". "Cuando la transparencia no es una aliada se toman decisiones que se cuestiona a quién están beneficiando, quién ha estado detrás", ha subrayado.

"CALIDAD DEMOCRÁTICA"

El socialista José Muñoz ha asegurado que esta norma mejora la calidad democrática de las instituciones valencianas para romper el paradigma anterior de una Comunitat "corrupta". Ha destacado que reconoce la actividad de estos grupos de interés evitando la connotación negativa y con la transparencia frente a la opacidad, que es "el caldo de cultivo en el que mejor se cuece la corrupción".

El diputado de Podemos Josep Almería ha señalado que al principio no consideraban suya esta ley pero tras las enmiendas sí y ofrece a esa participación de los grupos de interés de la sociedad civil "transparencia y rigor".

Emigdio Tormo (Cs) ha coincidido en la necesidad de regular un fenómeno como este, "tan viejo como el mundo" y no "cerrar los ojos y criminalizarlo", sino tener un marco en el que poder moverse "con libertad y seguridad". "Es una buena ley y nos acerca a lo más moderno en la materia en Europa", ha concluido.