Según ha explicado la decana en rueda de prensa, el origen de su creación viene dada por la necesidad de poder saber quiénes son las personas físicas que ostentan el control de las sociedades, por tener una participación en su capital social del 25% o más. De este modo, "tienen el control directo o indirecto a través de la titularidad de otra sociedad, que a su vez tiene una titularidad real en una sociedad que nos interesa", ha añadido.

Este Registro obliga a presentar un modelo añadido, una declaración de identificación de titular real, en donde tienen que figurar todos los datos de las personas físicas que ostentan titularidad real de la sociedad. "Supone un requisito indispensable, las cuentas no podrán ser depositadas si no se acompañan de este documento, con las consecuencias negativas que tiene para la sociedad", ha apuntado de Carlos.

En este contexto, ha añadido que "el incumplimiento de esta obligación impide el depósito de las cuentas y supone el cierre de la hoja de la sociedad; de este modo no podrán inscribirse en el Registro Mercantil".

Dicha Orden da respuesta a las Directivas (UE) 2018/843 y 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

La Directiva obliga a todos los Estados miembros a crear, gestionar y desarrollar un sistema nacional de identificación de "titulares últimos o reales" que asegure la cooperación internacional a través de la plataforma europea de acceso estandarizado cuya gestión se concede a autoridades que en los distintos países tienen encomendada la función del Registro Mercantil.