Por ello, anuncia su disposición para llevar a cabo de manera conjunta con el Scrats, las Comunidades de Regantes y el resto de organizaciones agrarias "cuantas iniciativas y actuaciones sean consensuadas para la defensa de los derechos de los regantes".

El Ministerio para la Transición Ecológica afirma que "las lluvias producidas están teniendo consecuencias importantes en la zona del Campo de Cartagena, afectando de manera significativa a las infraestructuras del postrasvase, que son las que permiten la regulación, transporte y distribución final del agua a las diferentes áreas regables receptoras".

UPA advierte, sin embargo, que los daños producidos por las últimas lluvias e inundaciones "no han afectado a la capacidad operativa del postrasvase en la zona regable del Campo de Cartagena, hasta el punto de que funcionaba con normalidad".

Añade igualmente que, aún en la hipótesis de que el Ministerio para la Transición Ecológica pretenda ahora, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura, realizar obras extraordinarias y urgentes no previstas con anterioridad que pudieran comprometer la operatividad del postrasvase en el Campo de Cartagena, "ello no impediría recibir agua al resto de Comunidades de Regantes, que representan aproximadamente el 75% de la superficie regable del trasvase".

Al respecto, UPA se pregunta si "acaso la supuesta dificultad para distribuir agua por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena es argumento válido para privar de agua al resto".

UPA duda que "resulte sostenible el argumento técnico esgrimido (necesidad de realización de obras) para negar la autorización de trasvasar agua para regadío, ya que, por otra parte, si fuera necesario, dicha autorización es perfectamente compatible con regular los caudales que se autorizara trasvasar en las distintas infraestructuras existentes, asegurando su disponibilidad para los regantes y sus cultivos".

UPA recuerda por otra parte que "las últimas decisiones adoptadas por la Comisión de Explotación del ATS, aconsejando trasvasar el máximo permitido en nivel 3, aún existiendo menores reservas en el sistema Entrepeñas-Buendía, convierten en aún más sorprende e incoherente el acuerdo adoptado de no trasvasar agua para regadío en el mes de noviembre, cuando las existencias están creciendo, situándose a 1 de noviembre en 566,8 hm3 como el propio Ministerio reconoce y estando a día de hoy próximas al umbral del nivel 2".

Los caudales ahora negados "serían irrecuperables y esta decisión provoca una disminución de caudales disponibles por los agricultores que se acumularía a las limitaciones que ya imponen las propias reglas de explotación del trasvase, poniendo en riesgo de esta forma disponer de las dotaciones mínimas necesarias para sacar adelante los cultivos".

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