Desde el PP, la portavoz, Mar Vaquero ha señalado que "cualquier mensaje que se quiera lanzar tiene que incluir la voluntad de llevar a cabo un proceso de transición ordenado" y no un cierre con "las prisas" del anunciado para el 30 de junio de 2020, advirtiendo de que la unanimidad en esta declaración se conseguirá si se apuesta por un proceso de transición energética "justo y ordenado".

En opinión de Vaquero, el Gobierno central de Pedro Sánchez ha propiciado un marco regulatorio que "ha acelerado que se lleve a cabo esta decisión" y, además, en la reunión -este lunes- de la Comisión Bilateral Aragón-Estado "se podía haber sido más reivindicativo".

Cualquier decisión que se tome debe ser "eficaz para el territorio y las cuencas mineras, que tienen en riesgo su permanencia", lo que pasa por elaborar un plan de industrialización que mantenga abierta la Térmica hasta 2030 "por lo menos", tiempo durante el cual se tomarían las medidas necesarias para garantizar el empleo en la zona.

Para la portavoz del PP, no solo hay que presionar a la empresa, Endesa, porque la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo que el carbón era antieconómico y se ha planteado esta transición desde la descarbonización, mientras que el PP defiende que el carbón forme parte del mix energético nacional.

UNANIMIDAD

En representación del PSOE, su portavoz, Javier Sada, ha dejado claro que debe prevalecer la "unanimidad" frente a las políticas "partidistas" y ha confiado en alcanzar un acuerdo "pidiendo responsabilidades" a Endesa, subrayando que el Gobierno de Aragón "está haciendo su tarea".

Por eso "haremos todo el esfuerzo posible implicando a todas las partes", el territorio, Endesa y ambos Gobiernos, por lo que los Grupos Parlamentarios deben "estar a la misma altura que el territorio y llegar a acuerdos, aunque no sean al 100 por cien de lo que piensan", avisando de que "si cada uno piensa en sacar lo suyo por encima del resto será imposible".

La portavoz de Podemos, Maru Díaz, ha considerado que "no puede ser que Endesa diga que se va del territorio sin revertir ni intentar invertir" para desarrollar "una transición justa", insistiendo en que debe tomar medidas para que "cuando se vayan no dejen todo desierto", tras lo que ha lamentado la "dejación" por parte de la empresa.

"Pasa lo que pasa" porque "no hemos tenido un plan B, no hemos tenido una transición" energética, pese a que el Ejecutivo regional contaba con 1.750.000 euros en los Presupuestos de 2018 que no se han ejecutado, de forma que "ahora tenemos una tragedia" y "habrá que asumir los errores" y "no seguir apostando a una carta".

En este contexto ha opinado que Teresa Ribera no debe admitir el cierre de la Térmica si Endesa no se compromete a abrir un periodo de transición en la zona, haciendo notar que "hay alternativas para hacerlo".

MENSAJE CLARO

Por su parte, el presidente del Partido Aragonés (PAR), Arturo Aliaga ha asegurado que "el PAR no va a ser un partido que rompa la unanimidad", emplazando a "explorar un acuerdo para mandar un mensaje claro al territorio y al Gobierno de España, lamentando que no se ha producido "la reunión de reuniones", el diálogo entre los Gobiernos de España y Aragón con Endesa.

Aliaga cree que "hay horizonte para explorar fórmulas para que -la Térmica- siga funcionando unos años más" y el Gobierno de España "tiene la capacidad para exigir a Endesa dos cosas: que haga un cierre ordenado, no brusco, y que recupere las inversiones, como ya hizo en el pasado con el plan económico de Andorra".

La sensación de la portavoz de Cs, Susana Gaspar, es que la consejera "ha venido a buscar excusas y hacernos partícipes de la mala gestión que estos años se ha llevado con las cuencas mineras", motivo por el que le sorprende que "ahora se eche las manos a la cabeza".

Ha recordado que en otros países europeos, como Alemania y Polonia se ha implementado un plan de reindustrialización, lo que "aquí no se ha hecho", ya que en Aragón ha habido "una absoluta dejación de funciones", ante lo que ha abogado por una transición "justa, viable e inteligente" con un plan de reindustrialización. "Esto ya se sabía", ha subrayado.

"AMENAZAS"

También ha valorado la situación el diputado de CHA Gregorio Briz, quien ha recomendado "saltarse las estrategias electorales y los réditos políticos" para hacer "un planteamiento de soberanía de un Estado que se enfrenta a una gran compañía" y debe hacerlo junto con la sociedad civil y las instituciones.

"No se puede permitir que una empresa privada estratégica presione a los Gobiernos con amenazas de cierre", exigiendo a Endesa que aplique la responsabilidad social corporativa.

La diputada de IU, Patricia Luquin ha apostado por "presionar a Endesa" y ha aludido a los preceptos constitucionales que contemplan la recuperación de sectores económicos estratégicos, siendo Endesa una empresa privada que, originariamente, formaba parte del sector público del Estado.

También ha considerado necesario elaborar un plan de acompañamiento y buscar alternativas al "cerrojazo" de la Térmica, advirtiendo de que ni Endesa ni los Gobiernos autonómico y central tienen una alternativa para Andorra y las comarcas mineras. Ha propuesto crear "un lobby de presión" porque "no se puede dejar en la estacada a las cuencas mineras".