El Ministerio Fiscal sostiene que, el 1 de abril de 2014, una persona solicitó al Ayuntamiento de Llanes la prestación de una ayuda de 1.500 euros para "pago de una multa urgente y no ir a prisión".

Dicha solicitud le fue cumplimentada de puño y letra por la acusada, concejal de Asuntos Sociales e integrante de la Comisión de Violencia de Género. Esta, a su vez, aprobó su concesión previa valoración favorable de la trabajadora social, que también está acusada.

Todo ello pese a que no se cumplían los requisitos necesarios para su otorgamiento puesto que no respondía a la finalidad para la que se habían establecido tales ayudas, y no se trataba de ninguna emergencia social con ocasión de alguna calamidad acontecida o por necesidad sobrevenida, según explica el fiscal en su escrito.

El solicitante había sido condenado en sentencia de 13 de diciembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Llanes, por un delito de quebrantamiento de las penas de prohibición de aproximación y comunicación con su compañera sentimental impuestas en sentencia de 23 de mayo de 2005, del Juzgado de lo Penal n 3 de Oviedo, en la que fue condenado como autor de dos delitos de lesiones (a su compañera).

En la sentencia se le impuso una pena de 200 días de prisión que, por auto de 13 de diciembre de 2012, le fue sustituida por 200 días de multa con cuota diaria de 5 euros, concediéndosele el pago fraccionado en 24 plazos mensuales.

Sin embargo, él dejó de abonar los plazos a los que se había comprometido, por lo que por auto de 30 de enero de 2014 se acordó el cumplimiento de la pena privativa de libertad. Para evitar el ingreso en prisión, acudió al Ayuntamiento de Llanes, donde conocía a sus integrantes por haber trabajado a su servicio en diferentes periodos.

La concejal, delegada de Asuntos Sociales, resolvió, en fecha 4 de abril de 2014, conceder la cantidad de 1.500 euros, en concepto de ayuda económica "de carácter social y urgente, para el pago de multa para evitar entrada en prisión, a ingresar en la cuenta corriente del Juzgado de lo Penal nº 4 de Oviedo, con compromiso de devolución. Con cargo a Emergencia Social 2014".

Así se hizo, por transferencia, en la misma fecha, por lo que, según señala el fiscal, los fondos públicos "fueron destinados, sin justificación alguna, a que un ciudadano eludiera su responsabilidad personal derivada de la comisión de un hecho delictivo".

En fecha 15 de diciembre de 2015, el presidente de la Mancomunidad de Concejos Llanes Rivadeba inició expediente de Declaración de Lesividad del acto, por el que se aprobó, el 4 de abril de 2014, la concesión de la ayuda, y el Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Oviedo, en sentencia de fecha 26 de octubre de 2016, acordó la anulación, dejándose sin efecto, confirmando el acuerdo de 6 mayo 2016 que determinaba declaración de lesividad.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación en concursocon un delito de malversación de caudales públicos y solicita que se condene a cada una de las acusadas a 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Además, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que las acusadas indemnicen conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Llanes con 1.500

euros, con los correspondientes intereses legales.