La citada institución se ha dirigido, así, a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura para que informe sobre si tiene conocimiento de estos hechos y sobre si ha realizado algún tipo de actuación.

En opinión del Defensor del Pueblo, el despeñamiento de los perros "podría suponer una infracción" a lo dispuesto en la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura, que establece que "el ejercicio de la caza debe realizarse en unas condiciones que garanticen la seguridad de las personas así como de los animales que se utilicen en esta actividad".

En nota de prensa, el Defensor del Pueblo añade que recibe "todos los años numerosas quejas relacionadas con el bienestar animal"; y apunta que "la preocupación ciudadana por el bienestar y cuidado de los animales, tanto domésticos como silvestres, es cada vez mayor", tal y como según indica lo demuestran las quejas que presentan a esta institución las asociaciones ecologistas, que denuncian "diversos daños a la biodiversidad existente".

"Buenos ejemplos" de ello son, según apunta, las actuaciones de la institución relativas al régimen jurídico de las especies exóticas invasoras, o al uso del diclofenaco como compuesto veterinario en ganadería, que "provoca una gran mortalidad sobre todo en las colonias de buitres", una especie objeto de "especial protección" en España.

Otras actuaciones "destacadas" tienen que ver con el hecho de que asociaciones ecologistas sigan sin ser "reconocidas" como interesadas por la Administración en procedimientos sancionadores, lo que "les impide participar plenamente en el procedimiento".

Para la institución, este tipo de asociaciones deberían tener la condición de "interesado cualificado", pues "se constituyen con la finalidad de proteger a los animales y, por tanto, son titulares de un interés legítimo", concluye.