La medida surge después de que en los últimos meses algunos alcaldes hayan manifestado una "urgente necesidad" de mejoras del suministro eléctrico en la Extremadura rural, teniendo en cuenta que hay 41 pueblos "en los que hay muchos problemas" en esta materia, como por ejemplo en La Parra, Feria, La Morera, Salvatierra de los Barros, Nogales o La Lapa, entre otros.

Así, la modificación legislativa añadirá a la norma actual "unos nuevos parámetros para la medición de los índices mínimos de calidad en el suministro"; y "obliga" además a las empresas suministradoras a invertir en aquellos municipios donde se produzca un incumplimiento de los "mínimos de calidad del servicio".

También, y en el caso de que se mantengan los incumplimientos, se introduce con el cambio legislativo "la posibilidad de que haya sanciones".

De este modo lo ha señalado en rueda de prensa este martes en Mérida el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien ha alertado de que se están produciendo en dichas zonas "demasiados cortes en el suministro (eléctrico)", y ha defendido que el decreto ley aprobado este martes se enmarca dentro de la lucha contra la despoblación que mantiene el Ejecutivo regional con medidas "urgentes".

El decreto ley, cuyo contenido ha sido trasladado a los grupos parlamentarios este pasado lunes, entrará en vigor cuando sea publicado en el Diario Oficial de Extremadura, aunque deberá ser ratificado en el plazo máximo de un mes en la Asamblea.

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