Así lo ha señalado el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, tras la rúbrica del acuerdo con los presidentes de ambas entidades, Ricardo Sainz y José Antonio Abad, respectivamente.

El convenio con la FECAV permite a la entidad trasladar sus instalaciones actuales a un espacio mayor, situado en el mismo edificio de la calle Gutiérrez Solana, número 7, y dotado de 180 metros cuadrados, para atender las necesidades de las familias cántabras y dar respuesta a la demanda actual.

El local que esta institución venía ocupando hasta ahora, de 100 metros cuadrados, y que se había quedado pequeño para el desempeño de sus funciones, será ocupado por el Banco de Alimentos Infantiles de Cantabria cuando concluyan las obras de acondicionamiento que se están llevando a cabo y que, según ha informado el consejero, podrían estar finalizadas en el plazo de dos meses.

Tras la rúbrica, José María Mazón ha mostrado su satisfacción por dar un uso social a estos dos locales propiedad del Gobierno autonómico, que servirán para atender a muchas familias cántabras que necesitan de estos servicios.

En el caso de la FECAV, su presidente, Ricardo Sainz, ha explicado que, además de proporcionar alimentos a las familias que lo necesiten y cumplan con los requisitos establecidos, su labor también se centra en "acompañar y asesorar", a lo largo de todo un año, a cualquier persona que acuda a la oficina para facilitar la búsqueda de empleo y la formación en herramientas digitales y nuevas tecnologías.

REQUISITOS PARA LA DEMANDA DE ALIMENTOS

A pesar de que la situación ha mejorado en los últimos años, todavía hay muchas familias que acuden a estas asociaciones para solicitar alimentos de primera necesidad. En total, según apunta el presidente del Banco de Alimentos Infantiles de Cantabria, se está prestando ayuda, de manera habitual, a más de 200 familias.

A todos los demandantes, en líneas generales, se les exige la aportación del certificado de desempleo, el de empadronamiento, un informe de los servicios municipales y del ICASS, así como alguna factura que justifique la ocupación de la vivienda, aunque cada caso se estudia de manera personalizada con el objetivo de atender al mayor número de personas posible.