De un total de veinticuatro fiscales y más de setenta jueces y magistrados en la provincia, las puertas del Palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial, han acogido a partir de las 13.00 horas una concentración secundada por más de sesenta profesionales, buena parte de ellos luciendo en las solapas de sus abrigos una pegatina alusiva a la huelga.

Entre los participantes se encontraba el presidente de la Audiencia Provincial, Feliciano Trebolle, y la fiscal jefe, Soledad Martín Nájera, así como representantes de las cuatro asociaciones de jueces y magistrados y tres de fiscales, las mismas que, curiosamente, y a falta de servicios mínimos impuestos vía ministerial, han consensuado aquellos absolutamente imprescindibles para evitar cualquier perjuicio al justiciable, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.

Así, integrantes de estos colectivos, fruto de la huelga, han suspendido distintos actos judiciales, a excepción, entre ellos, de las causas con menores, causas con preso, asuntos de Vigilancia Penitenciaria, cautelares de violencia de género, juntas electorales, internamientos urgentes, licencias de enterramiento, órdenes de protección, autorizaciones de entradas sanitarias urgentes e inaplazables...etc.

La concentración ante el Palacio de Justicia se ha prolongado por espacio de breves minutos, el tiempo suficiente para que el magistrado de Primera Instancia Luis Tejedor Muñiz, en representación de los allí concentrados, ha sido el encargado de dar lectura al comunicado también consensuado entre las siete asociaciones para denunciar públicamente la situación "insostenible" de la carrera judicial y fiscal en la que, una vez más, recobrar especial importancia la demandada independencia judicial, en referencia al riesgo evidente que supone un Consejo General del Poder Judicial elegido por las fuerzas políticas.

Pero además, los profesionales en huelga exigen medios materiales para poder dar una adecuada respuesta a los ciudadanos, la derogación del 324 de la LECrim, cargas de trabajo saludables, retribuciones dignas, derechos a permisos y licencias, creación de plazas e incremento del número de jueces y fiscales, así como condiciones laborales dignas para los que acaban de acceder a la carrera judicial y fiscal.

Molestos por la "falta de respeto" mostrada por algunos partidos políticos que anuncian ya un pacto para que Manuel Marchena sea el próximo presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, los magistrados, jueces y fiscales de Valladolid entienden que la presente movilización es la ocasión idónea para demostrar a la sociedad que defienden una "absoluta separación de poderes, un CGPJ independiente y una carrera judicial y fiscal con unas condiciones profesionales dignas y al servicio de los derechos de los ciudadanos".