Los hechos que investiga este juzgado se remontan al año pasado, cuando este laboratorio se anunciaba en los autobuses urbanos de Huelva con reclamos como "ahórrese intermediarios" y autodenominándose "consultorio protésico dental", según ha informado desde el Consejo General de Colegios de Dentistas de España en un comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press.

El Colegio de Dentistas de Huelva, que ejerce la acusación particular a través de su asesoría jurídica, comunicó estas actuaciones a la Policía Nacional y a la Delegación de Salud quienes, a través de una inspección, determinaron que en el laboratorio de prótesis se atendía directamente a los pacientes, cuyos datos se incorporaban a la página web de un odontólogo colaborador junto con fotografías de la boca y, posteriormente, el dentista emitía un documento llamado 'Diagnóstico y Prescripción de la Prótesis'.

Estas actividades han sido confirmadas por dicho dentista, que también ha comparecido ante el juzgado como investigado. En su declaración ha reconocido que los pacientes eran "diagnosticados" exclusivamente a través de las fotografías y de la información contenida en la ficha que cumplimentaba el propio protésico, sin mantener ningún tipo de contacto directo con los pacientes, conducta que la Inspección Sanitaria calificó de "mala praxis" y de "infracción grave", conforme a lo dispuesto en la Ley General de Sanidad.

Ahora, tras esta inspección y la comparecencia de pacientes que habrían sido atendidos directamente por el protésico, la juez ha dictado un auto sin precedentes por el que ordena, como medida cautelar, el cese de toda actividad sanitaria en dicho local con la finalidad de evitar la persistencia en la comisión de los supuestos delitos de intrusismo profesional y contra la salud pública, para así evitar perjuicios a terceros.

Si el acusado no cesara en las actividades antes descritas podría incurrir en otros delitos como desobediencia a la autoridad o quebrantamiento de medida cautelar.

El Consejo General de Colegios de Dentistas de España fue creado en el año 1930 y es el órgano ejecutivo de la organización colegial de dentistas. Entre sus competencias destacan la coordinación de la política general de la organización colegial, la ordenación del ejercicio de la profesión, la representación y la defensa de los intereses de sus profesionales y la promoción del derecho a la salud odontológica de los españoles.

Es también competencia del Consejo General la elaboración, desarrollo y actualización del Código Ético y Deontológico estatal de la profesión, así como de la promoción social, científica, cultural y laboral de la Odontología y la Estomatología.